Nota introductoria de Febrero 21 de 2025:
Subo hoy este artículo escrito en 2008, no sin lamentar que casi dos décadas después no solamente sigan vigentes las reflexiones que aquí se comparten, sino que las codiciones generadas por desastres de origen natural -particularmente las relacionadas con la crisis climática- trenzadas estrechamente en muchos casos, con el conflicto armado, sean hoy mucho peores que las que existían cuando el artículo se escribió.
De acuerdo con un artículo publicado en El Espectador el pasado 17 de Febrero, "La crisis humanitaria en Catatumbo refleja la problemática que azota otras regiones como Chocó, Cauca, sur de Bolívar y Nariño. Más de 55.000 personas han sido desplazadas en lo que va del 2025."
Y así como esa cifra de desplazamientos sigue creciendo todos los días, también lo son las estadísticas que hacen referencia a los asesinatos de líderes y liderezas; reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales; emergencias humanitarias por acciones de gruos armados ilegales y otros flagelos productos de la guerra.
Mientras tanto, como ya se dijo, aumentan también los desastres desatados por extremos climáticos.
Ese panorama desolador implica entender que el continuum Gestión Ambiental - Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Climática no constituye solamente un desafío académico ni una cuestión tecnocrática, sino un requisito ineludible para la habitabilidad del territorio colombiano y para que los ecosistemas y los seres humanos que formamos parte de él podamos ejercer efectivamente el Derecho a la Vida con calidad y dignidad.
* * *
La Gestión del Riesgo en escenarios de conflicto armado
Resulta obvio que además de las dificultades propias de la
gestión participativa del riesgo
en condiciones “normales” (tales como el predominio de un modelo de desarrollo
generador de riesgos, la ausencia de voluntad política por parte de las
autoridades y en general de los encargados de tomar decisiones, la falta de
motivación, de organización y de participación de los actores de la sociedad
civil, la ausencia o baja jerarquía del tema en las agendas gubernamentales,
políticas y sociales, la insuficiencia de recursos, etc), en condiciones de
conflicto armado se incrementan el número y la complejidad de esas
dificultades.
El objetivo de este documento es invitar a la
reflexión sobre las posibilidades y las limitaciones para gestión participativa
del riesgo en escenarios caracterizados por la violencia y particularmente por
el enfrentamiento entre actores armados, en medio de los cuales queda atrapada
la población civil; al igual que en escenarios y territorios que, en los
hechos, se encuentran bajo el control de actores armados por fuera de la ley.
Así mismo se invita a explorar, así sea de
manera superficial, las posibilidades que eventualmente podría ofrecer la gestión
participativa del riesgo (entendida como una expresión de la gestión ambiental
participativa) como un tema de encuentro entre sectores sociales e
institucionales enfrentados, y en consecuencia como un “germen de futuro” para
la construcción de la paz.
Pese a lo anterior, tanto en la Dirección General
para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia DGPAD (hoy en 2025 UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), como en el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD ,
existe claridad en el sentido de que el manejo del orden público en el país
tiene unos responsables claros en la estructura del Estado. En consecuencia, no
se trata de que a través de la gestión participativa del riesgo se pretendan
asumir responsabilidades que corresponden a otros actores.
La
gestión del riesgo
Para efectos de este documento vamos a entender la gestión
del riesgo, de manera general, como una expresión (e incluso como un sinónimo)
de la gestión ambiental para el desarrollo sostenible, es decir, como el
conjunto de decisiones y de acciones que una sociedad debe tomar para evitar
que la dinámica de la naturaleza se convierta en una amenaza contra las
comunidades humanas, y que la dinámica de las comunidades humanas se convierta
en una amenaza contra los ecosistemas.
En términos más específicos, se considera la
gestión del riesgo como el conjunto de actividades organizadas que realizamos
con el fin de reducir o eliminar los riesgos o hacer frente a una situación de
emergencia en caso de que esta se presente.
La gestión del riesgo comprende distintas
dimensiones (y actividades), desde la planificación del desarrollo de manera
que incorpore como un elemento intrínseco del mismo la prevención, reducción o,
de ser posible, eliminación de las amenazas existentes en el entorno, y la
reducción de los factores de vulnerabilidad de los ecosistemas y las
comunidades frente a esas amenazas, hasta la preparación para responder mejor a
las emergencias, la respuesta misma cuando estas se presentan, y las
actividades de mediano y largo plazo posteriores a la ocurrencia de un
desastre, tales como la recuperación, la reubicación de comunidades, la
restauración de ecosistemas afectados, la reconstrucción de la infraestructura
y de la “normalidad” perdidas, la planificación y “ejecución” del desarrollo
sostenible, etc., etc.
Uno de los propósitos que perseguimos con este
documento, es reflexionar sobre si verdaderamente es posible llevar a cabo una
verdadera gestión integral y participativa del riesgo, que incluya las
actividades de prevención de amenazas, mitigación de factores de
vulnerabilidad, preparación para la respuesta, reconstrucción y planificación
del desarrollo sostenible; o si en el mejor de los casos a lo más que podemos
aspirar es a una adecuada preparación y respuesta en caso de emergencias o
desastres.
Esto, sin lugar a dudas, nos haría retroceder a
la concepción estrecha según la cual la gestión del riesgo se limitaría a
lograr una adecuada respuesta en caso de emergencias o desastres (es decir: que
la limita a una adecuada planificación y actuación en el terreno logístico),
dejando de lado todos aquellos aspectos que tienen que ver con la reducción de
la “vulnerabilidad global” de las comunidades en situaciones de riesgo.
Sin embargo, en términos realistas, no le
podemos pedir a la gestión del riesgo que en los escenarios de conflicto armado
se haga cargo de una serie de problemas, la mayoría de los cuales son
estructurales, cuya solución depende de la acción concertada de una serie de
actores institucionales y sociales, y de una serie de decisiones de política
nacional (y muchas veces internacional) que, si bien son posibles y algún día
tendrán que tomarse para que verdaderamente podamos acceder a la paz, escapan
al ámbito limitado de nuestro objetivo.
La gestión del riesgo como gestión
ambiental para el desarrollo sostenible
En su dimensión ideal,
la gestión del riesgo (al igual que la gestión ambiental para el desarrollo
sostenible) debe intentar eliminar o reducir las amenazas cuando ello sea
posible (y lo es cuando en la generación de las mismas intervienen de manera
decisoria las actividades humanas), al igual que intentar reducir o eliminar
los factores de vulnerabilidad, de manera tal que se fortalezca la capacidad
del tejido social para “aguantar un balonazo”, ya se trate de la ocurrencia de
un fenómeno natural (como un terremoto o una erupción volcánica), de un
fenómeno socio-natural (como una inundación o un deslizamiento causado por el
manejo inadecuado de una cuenca hidrográfica o de una ladera), o por un
fenómeno de origen claramente antrópico, como un ataque armado o una crisis
económica por el derrumbe de los precios de un determinado producto en los
mercados o por la quiebra en cadena de las instituciones financieras.
Las complejas interconexiones entre los
distintos factores de vulnerabilidad/sostenibilidad (ver gráfica número 1)
constituyen una “telaraña” que entendemos como sinónimo de “tejido social”.
Como ya dijimos, la resistencia del mismo para “aguantar el balonazo”
(resistencia) o para recuperarse después de ocurrido (resiliencia), constituyen
la sostenibilidad del sistema comunidad/naturaleza.
Gráfica # 1
El caso particular de la violencia
Sin lugar a duda
alguna, la amenaza que más desastres provoca en Colombia (en términos de
pérdida de vidas y oportunidades, y en muchos casos en términos de pérdidas
económicas y de infraestructura), es la violencia y en particular el conflicto
armado, especialmente cuando este se expresa en ataques a poblaciones civiles
desarmadas, en el secuestro como forma de presión política o como fuente de
ingresos, o en enfrentamientos en medio de los cuales quedan atrapadas la
población civil, su hábitat y sus medios de producción y subsistencia. O cuando
conduce a esa forma de pérdida de la “seguridad territorial” de una comunidad
que es el desplazamiento forzado.
En este caso particular no funciona el esquema
según el cual para que una amenaza se convierta en riesgo es necesario que
confluya con una situación de vulnerabilidad (AMENAZA X VULNERABILIDAD = RIESGO), ni la definición según la
cual el “desastre es igual a un riesgo no manejado”, pues la violencia
constituye de por sí -y de manera simultánea- una amenaza, una vulnerabilidad,
un riesgo y un desastre.
El principal factor de insostenibilidad de una
comunidad es la guerra y en consecuencia el principal objetivo de largo plazo
de la gestión del riesgo y de la gestión para el desarrollo sostenible, debe
ser la obtención de una paz cimentada sobre bases objetivas y subjetivas reales
y duraderas.
Sin embargo, como dijimos antes, y para no caer
en el círculo inmovilizador según el cual mientras no exista paz no podemos
hablar de desarrollo sostenible y mientras no cambie el modelo de desarrollo no
podemos hablar de paz, es necesario explorar qué campo de acción está
disponible –o se le puede abrir- a la gestión del riesgo, y de que manera,
desde ese “germen de futuro” se puede contribuir al direccionamiento y
fortalecimiento de procesos de más largo plazo con miras a la construcción de
paz y sostenibilidad.
Lo anterior sin olvidar lo que se dijo de manera expresa al principio de este documento, en el sentido de que las acciones militares tendientes al control del “orden público”, tienen unos responsables propios en la estructura del Estado.
Las posibles contribuciones de la gestión del
riesgo a la “seguridad ciudadana” se pueden encontrar en los “mapas”
siguientes.
Gráfica # 2
Gráfica # 3
La participación en la gestión ambiental
tiene la posibilidad de contribuir a la que se ha denominado "desbarbarización de la sociedad",
a través de la cual "pueda hacerse
visible la potencialidad de la concertación como estrategia a través de la cual
todos podríamos ganar, con la condición de que los distintos y distantes se
reconozcan en sus derechos e intereses y estén en disposición de ceder parte de
sus demandas inmediatas en aras de acuerdos estratégicos e intereses comunes de
largo plazo (...) La participación dentro de este marco sería sinónimo de
integración e inclusión de todos en la construcción de una sociedad viable para
todos."
No se debe
perder de vista el “mapa general” de la gestión del riesgo, de manera tal que
toda decisión que se tome y toda acción que se ejecute, constituyan en lo
posible, escalones por los cuales se pueda avanzar hacia una gestión del riesgo
más integral, es decir, hacia la construcción futura de unas condiciones que
verdaderamente contribuyan a la sostenibilidad de las relaciones entre grupos
humanos y entre estos y los ecosistemas de los cuales forman parte.
En vista del panorama
descrito y de la imposibilidad de que desde la gestión del riesgo (en sentido
restringido) se puedan llevar a cabo los cambios que requiere el modelo de
desarrollo para tender hacia la sostenibilidad, debemos concluir que muy posiblemente
sea necesario limitarnos por ahora a establecer los “principios orientadores” y
las estrategias necesarias para garantizar que, ante un desastre inminente en
zonas de conflicto armado, se puedan proteger en lo posible los derechos
fundamentales de los pobladores de esas zonas (empezando por el derecho a una
vida con calidad y dignidad), al igual que sus propiedades y sus medios de
producción.
Lo anterior sin perder
de vista el “mapa general” de la gestión del riesgo, de manera tal que toda
decisión que se tome y toda acción que se ejecute, constituyan en lo posible,
escalones por los cuales se pueda avanzar hacia una gestión del riesgo más integral,
es decir, hacia la construcción futura de unas condiciones que verdaderamente
contribuyan a la sostenibilidad de las relaciones entre grupos humanos y entre
estos y los ecosistemas de los cuales forman parte.
Es decir, que nos
encontramos ante el reto de otorgarle sentido global y de largo plazo a
las actividades puntuales, sin que por ello, necesariamente, tengamos que
pedirles que produzcan efectos globales.
Los “equilibrios
precarios” en las zonas de conflicto armado
En las zonas de
conflicto armado las comunidades lograr sobrevivir con base en una serie de
“equilibrios precarios” con los agentes armados por fuera de la ley, al igual
que con las fuerzas militares y de policía pertenecientes al Estado.
Las comunidades
sólidamente organizadas (como las comunidades indígenas, varias comunidades
campesinas y algunas urbanas), logran “mantener a raya” a los actores armados,
entre otras formas, evitando alinearse con cualquiera de ellos y haciendo valer
su autonomía. Pese a lo anterior, no existe comunidad alguna que, a pesar de
haberse autodeclarado como “comunidad de paz” o similar, se encuentre libre del
conflicto o que no haya pagado esa decisión de autonomía con la vida de muchos
de sus líderes.
Un primer “principio
orientador” que proponemos, es que la gestión del riesgo en zonas de conflicto
armado debe evitar, en lo posible y de manera conciente, que se alteren esos
“equilibrios precarios” como consecuencia de la intervención de agentes externos
en la zona de conflicto, ya sea antes o después de la ocurrencia de un evento
capaz de desencadenar un desastre.
La gestión del riesgo
en cualquiera de sus expresiones, debe tener como objetivo fortalecer la
autonomía de las comunidades y en general de los actores locales, no entendida
esa autonomía de manera teórica o genérica, sino en las condiciones reales y
concretas de cada comunidad específica frente a los actores armados. La DGPAD
ha establecido protocolos que buscan evitar que las intervenciones externas en
un escenario de desastre, en lugar de fortalecer a los actores locales los
debiliten o suplanten. En el caso de las intervenciones en zonas de conflicto
armado esos protocolos y los principios que los inspiran, adquieren especial
importancia.
Como un corolario de lo
anterior, encontramos otro “principio orientador”, consistente en que si la
gestión del riesgo no logra solucionar o reducir los conflictos existentes en
la zona, por lo menos debe intentar no profundizarlos. Un ejemplo de esto fue
la política adoptada por la Corporación NASA KIWE después del terremoto del
Páez, en el sentido de no comprar para las comunidades que necesitaban
reubicación, tierras que estuvieran siendo solicitadas por otras comunidades
indígenas o campesinas de la región, aún cuando el INCORA no tuviera la compra
de esas tierras dentro de sus planes. Aunque en este caso no se trataba de un
escenario de conflicto armado, sí se han dado casos en el Cauca de
enfrentamientos sangrientos entre comunidades indígenas, cuando el gobierno
adquiere para una comunidad un predio que venía siendo solicitado por otra.
Ver: Estrategias institucionales y comunitarias para responder al desastre de Páez
en 1994 - YouTube
La gestión del
riesgo como acción humanitaria
Una de las razones por
las cuales resulta especialmente útil e interesante la iniciativa de la Dirección General
para la Prevención y Atención de Desastres DGPAD y el PNUD consistente en
explorar estrategias para la gestión del riesgo en zonas de conflicto armado,
radica en que hasta donde el autor de estas líneas esté enterado, no existen
normas internacionales que establezcan específicamente los principios
que las partes en conflicto deben observar para garantizar la protección de la
población civil y del patrimonio cultural de una comunidad, en caso de que
ocurra un desastre o de que se presente como inminente una amenaza de origen
natural o socionatural en una zona de guerra.
Debido a lo anterior,
es necesario aplicar por extensión los principios contenidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en los distintos instrumentos
internacionales que contienen y desarrollan el Derecho Internacional
Humanitario (DIH), el cual se fundamenta en la convicción de que “los
principios humanitarios deben prevalecer incluso en épocas de conflicto
armado”.
De acuerdo con lo anterior, consideramos que
ponerle obstáculos a la protección de la población civil que pueda resultar o
que de hecho resulte afectada por un desastre, equivale a una infracción al
Derecho Internacional Humanitario, equivalente a infringir cualesquiera de las
prohibiciones que el DIH les establece a los actores armados con respecto a la
población civil.
Artículo
13. Protección de la población civil:
1.
La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra
los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta
protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.
2.
No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles.
Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal
sea aterrorizar a la población civil.
3.
Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo
si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal
participación.
Artículo 14. Protección de
los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil
Queda
prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles.
En consecuencia, se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin
los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales
como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las
cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras
de riego.
Artículo
15. Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
Las
obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las presas, los
diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de
ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir
la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas
importantes en la población civil.
Artículo
16. Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto
Sin
perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de
1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado,
queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos
históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el
patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del
esfuerzo militar.
Artículo
17. Prohibición de los desplazamientos forzados
1.
No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las
personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera
que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población
civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad,
higiene, seguridad y alimentación.
2. No se podrá forzar a las
personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con
el conflicto.
¿Qué sucede si, por ejemplo, un actor armado
obstaculiza el suministro de ayuda humanitaria a la comunidad afectada por un
desastre o impide las acciones que adelanta el Estado para poner a salvo a
quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad frente a una amenaza
determinada?
¿Qué sucede si un actor armado obstaculiza
acciones de mantenimiento necesarias para garantizar la estabilidad de una
determinada obra de infraestructura (como una presa para generación
hidroeléctrica), cuyas fallas pueden constituir una fuente de amenazas?
¿Qué “cuidados” especiales requiere la decisión
de evacuar una comunidad de una zona de riesgo, cuando entre las causas del
conflicto armado está el interés de uno de los bandos de apoderarse de ese
mismo territorio?
Por otra parte, los actores armados de la
guerra en Colombia deberán acoger y observar la “Convención sobre prohibición
de usos militares y de uso hostil de cualquier técnica de modificación
ambiental” (ENMOD) , así
como los “protocolos adicionales” de la Convención de Ginebra, en virtud de los
cuales se prohibe la utilización de medios de guerra dirigidos a causar daños
severos, extendidos y con efectos de largo plazo sobre el medio ambiente
natural. Estas normas también forman parte del Derecho Internacional
Humanitario.
En el ejercicio de la gestión del riesgo y
particularmente en acciones de preparación y de respuesta, deberán observarse
disposiciones del DIH como la que prohibe la utilización de símbolos como la
Cruz Roja para realizar acciones que no sean humanitarias, precisamente como
uno de los medios de garantizar que se cumpla la obligación que tienen los
actores armados de respetar al personal médico y paramédico y a los
funcionarios y trabajadores de los organismos humanitarios y de socorro. Es
decir, que en ningún momento puede darse lugar a confusiones entre las acciones
humanitarias y las acciones armadas tendientes a conservar el orden público,
así estas se lleven a cabo en ejercicio de la soberanía del Estado y con pleno
cumplimiento de las normas vigentes.
¿Qué sucede en los hechos?
Cuando en Colombia se ha presentado la
necesidad de atender un desastre en una zona de conflicto armado o que en
términos reales se encuentre bajo el dominio de un actor por fuera de la ley, en
la práctica se ha establecido una especie de “acuerdo tácito” en virtud del
cual ese actor “se hace a un lado” temporalmente mientras duran las acciones de
respuesta, e incluso mientras se llevan a cabo acciones de recuperación y de
reconstrucción, sin renunciar a ese dominio. Por el contrario, se mantiene
“vigilante” de las acciones que se llevan a cabo y les hace saber por distintos
medios a quienes intervienen desde afuera, que su presencia en la zona es
permanente.
Los actores externos, por su parte, saben que
“la entrada” a la zona y la seguridad de su personal, dependen de que
previamente se obtenga la autorización del actor ilegal armado y de que
este se mantenga informado en detalle de las actividades que están siendo
llevadas a cabo. La transparencia y la publicidad de los objetivos de cualquier
actividad propia de la gestión del riesgo, constituyen requisitos tanto para el
éxito de la misma, como para la seguridad de quienes la ejecutan. Quienes
adelantan actividades de campo en zonas de conflicto armado, saben que no
pueden manejar “discursos distintos” dependiendo de con quién se encuentren,
sino que deben exponer de manera clara los objetivos de su presencia –y de la
presencia de la institución que representan- en un determinado lugar.
Como se anotó anteriormente, cuando las
comunidades locales están fuertemente organizadas y ejercen control real sobre
el territorio, aún cuando este sea escenario de enfrentamientos armados (como
es el caso de las comunidades indígenas, de muchas comunidades campesinas y de
algunas urbanas), la principal protección para el personal externo proviene de
esas mismas comunidades. En la práctica la “legitimidad” de un actor externo
gubernamental o no gubernamental para trabajar en una región determinada, se
deriva del reconocimiento y aceptación que le otorgue la comunidad local, y de
la “seguridad” que esta esté en condiciones de ofrecerle frente a los actores
por fuera de la ley. Esto lo saben perfectamente quienes por cualquier razón (y
no solamente en actividades de gestión del riesgo), realizan trabajos de campo
en zonas de conflicto armado.
Para el caso de la gestión del riesgo y
particularmente de las actividades de preparación y de respuesta en caso de
desastre, posiblemente resulte más conveniente por ahora mantener ese statu
quo según el cual si bien no se les reconoce oficialmente legitimidad
a los actores armados por fuera de la ley, sí se reconoce su existencia real y
su capacidad para imponer su dominio en un determinado territorio. Esto
equivale al reconocimiento de esos “equilibrios precarios” a los cuales hicimos
referencia en otra parte de este texto.
Lo anterior no obsta para que desde el Estado y desde la sociedad civil, se
les exija a los actores armados que cumplan rigurosamente el Derecho
Internacional Humanitario, no exclusivamente para efectos de la gestión del
riesgo sino, en general, en todas sus actuaciones en los escenarios del
conflicto.
De allí la importancia de que tanto quienes se
dedican a la gestión del riesgo en cualquiera de sus dimensiones o etapas, como
la comunidad en general, conozcan el DIH y se apropien de él como lo que es:
una conquista histórica de la humanidad en favor de los Derechos Humanos. El
objetivo del Derecho Internacional Humanitario es que se respeten los Derechos
Humanos aún en situaciones de guerra. Cuando afirmamos que el DIH constituye
una conquista de la humanidad, no nos referimos a una humanidad en abstracto,
sino a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que, como en el caso de
Colombia, en una u otra forma resultamos afectados por la guerra.
El fortalecimiento de la autonomía local
Uno de los objetivos de la gestión del riesgo
en todas sus dimensiones o fases debe ser el fortalecimiento de la autonomía
local, al igual que uno de los objetivos –quizá el principal- de la gestión
ambiental para el desarrollo sostenible, debe ser la recuperación y el
fortalecimiento de la homeostasis o capacidad de autorregulación de los
ecosistemas. De hecho, cuando hablamos de autonomía local, nos referimos a la
capacidad de autorregulación y a la sostenibilidad global del sistema
comunidad y del sistema naturaleza-comunidad.
En las zonas que no son
de conflicto armado y en donde existe una verdadera presencia y “soberanía”
institucional, es claro que el núcleo de esa autonomía local es el gobierno
municipal en cabeza del alcalde, quien a su vez preside el Comité Local para la
Prevención y Atención de Desastres en los términos de fija la ley. Fortalecer a
los actores locales significa fortalecer la autoridad municipal, y fortalecer
las organizaciones de la comunidad, al igual que fortalecer su cultura, su
identidad, su capacidad de comprender y de convivir en armonía con el entorno,
en fin, fortalecer todos aquellos hilos de la telaraña que dibujamos en la
gráfica número 1. Más allá de cualquier otra consideración, el objetivo de la
gestión del riesgo debe ser el fortalecimiento de las instituciones legítimas,
estatales o comunitarias. La creación de organizaciones paralelas y “de
bolsillo”, que les resulten funcionales a los actores externos pero que
debiliten los procesos endógenos de las comunidades, acaban por debilitar el
tejido social y en consecuencia, hacen más vulnerable a la comunidad.
En las zonas de conflicto armado se presentan
dificultades especiales, pues si bien el objetivo sigue siendo el
fortalecimiento de los actores locales para que estén en capacidad de asumir de
manera más activa y eficaz el protagonismo de la gestión del riesgo, muchas
veces esos actores locales no se encuentran en condiciones para hacerlo. Tal es
el caso de los municipios cuyos alcaldes y concejales gobiernan desde el exilio
como consecuencia de las amenazas de los actores armados y en general, de las
zonas en donde la comunidad busca mantener el más bajo perfil posible como
estrategia de supervivencia.
En estos casos la tentativa de constituir un
comité local para la prevención y atención de desastres con las mismas
características de los que operan en zonas exentas de guerra, no solamente
sería inútil, sino que expondría al promotor de la iniciativa y a quienes
eventualmente asumieran ese reto a alejarse de esos que hemos denominado
“equilibrios precarios” en virtud de los cuales logran su supervivencia.
En las zonas de conflicto armado, sin embargo,
existen múltiples formas de organización de la sociedad civil surgidas de
manera orgánica y endógena como mecanismos de superación de las
dificultades que se oponen a la vida. Tal es el caso de los movimientos de resistencia
ciudadana existentes en muchas comunidades indígenas y campesinas de
Colombia; de las organizaciones de mujeres empeñadas en hacer posible la
cotidianidad en medio de la guerra; de las múltiples experiencias de educación
a través de las cuales la comunidad educativa (docentes, padres y madres de
familia, estudiantes, autoridades locales, organizaciones no gubernamentales)
se empeñan en defender el derecho a la educación de sus hijos e hijas; de los
movimientos tendientes a garantizar la seguridad alimentaria (y a partir de
allí la seguridad territorial) de muchas comunidades que padecen de manera
permanente la amenaza del desplazamiento, en fin, de la enorme cantidad de
experiencias surgidas y sostenidas desde la base misma de la sociedad, gracias
a las cuales, a pesar de la guerra, ni el país naufraga ni se da por perdida la
esperanza.
En esos casos, nuestro papel es aportarles
a esas comunidades la gestión del riesgo como una herramienta que les permita
fortalecerse y que les contribuya a enfrentar de manera más eficaz los retos
cotidianos.
Con toda seguridad, dichas comunidades se van a
dar cuenta de que lo que hacen diariamente es, precisamente, gestión
participativa del riesgo. La prueba de su eficacia es que logran permanecer
allí y seguir luchando y resistiendo a pesar de las múltiples amenazas y de los
riegos consecuentes. Y que logran recuperarse de los desastres que los azotan,
tales como la destrucción de los pueblos o el asesinato de los líderes.
Es decir, que a esas comunidades no les
estaríamos enseñando nada nuevo, sino ayudándoles a hacer conciencia y a
sistematizar y fortalecer una serie de estrategias que ellas mismas han
desarrollado. Repito lo que escribí hace varios años en un libro, en el sentido
de que el objetivo de la educación ambiental no es necesariamente que la gente
sepa cosas nuevas, sino que la gente sepa que sabe. Que haga conciencia de lo
que sabe y del enorme conocimiento acumulado en la memoria colectiva.
Magnífico si ya existe o es posible contribuir
a conformar un comité local para la prevención y atención de desastres en
municipio en zona de conflicto armado. Pero si no existen las condiciones que
lo permitan, lo importante es “sembrar en el ambiente” la semilla de la gestión
del riesgo, que ella misma se encargará de encontrar y germinar en suelo
fértil. Aún cuando no sea posible establecer un comité local para la prevención
y atención de desastres con todas las características formales que la ley establece,
deben buscarse espacios más o menos formales que asuman esos mismos objetivos y
que además faciliten la comunicación entre las comunidades y el Estado. De allí
la importancia de que en esos espacios participen tanto representantes de la
sociedad civil como de las instituciones del Estado presentes en la zona. En
los “mapas” de sostenibilidad y de “seguridad” que incluimos en este documento,
aparecen claramente los vínculos entre las organizaciones comunitarias y las
instituciones, como parte integral de ese tejido del cual dependen la
sostenibilidad y la seguridad de una sociedad.
Es posible que la necesidad de enfrentar de
manera colectiva una amenaza que puede afectar por igual a distintos sectores
de una misma comunidad, o de responder adecuadamente a los retos de un desastre
que de una u otra manera ha caído sobre toda la población, contribuya a
establecer lazos de comunicación entre actores y sectores sociales enfrentados.
En un libro recientemente publicado, Jürgen Habermas le afirma a su
entrevistadora Giovanna Borradori, que “la espiral de violencia comienza con
una espiral de la comunicación perturbada que –a través de la desconfianza
recíproca no dominada- conduce a la interrupción de la comunicación”.
En esto radica nuestra esperanza de que si los
distintos “bandos” existentes en una sociedad logran encontrar intereses
comunes, retos comunes, e incluso amenazas, vulnerabilidades y riesgos comunes
(por no decir elementos de identidad a partir de reconocer que forman parte de
un mismo proceso histórico y que comparten unos elementos culturales y un
territorio), entre esos grupos se puedan establecer puentes que les permitan
remar en una misma dirección con miras a construir el futuro.
Los desplazamientos como consecuencias y fenómenos
generadores de riesgos
Como dijimos atrás, la
violencia no solamente es una amenaza, sino que en sí misma es una
vulnerabilidad, un riesgo y un desastre, y rebasaríamos las intenciones de este
documento si nos dedicáramos a explorar las múltiples amenazas que tienen su
origen en la guerra entre actores armados y en la violencia que estos ejercen
sobre la población civil.
Sin embargo no queremos dejar de llamar la
atención sobre los enormes retos que surgen para la gestión del riesgo a partir
de los desplazamientos y de las condiciones especiales de vulnerabilidad en que
se encuentran las poblaciones desplazadas.
Así mismo, como la experiencia nos lo ha
demostrado, las vulnerabilidades de unos actores y de unos sectores sociales se
convierten muy fácilmente en amenazas contra otros sectores sociales, al igual
que los ecosistemas vulnerables constituyen la principal fuente de amenazas
contra las comunidades que interactúan con ellos.
Difícil encontrar una vulnerabilidad mayor que
la de una comunidad que pierde su seguridad territorial y es expulsada de los
escenarios a los cuales se encuentra adaptada, y se ve obligada a asentarse
(siempre en condiciones de precariedad e interinidad) en un nuevo territorio
cuyos “códigos” desconocen y en donde difícilmente son bienvenidos.
En los múltiples aprendizajes que la gestión
del riesgo ha adquirido a través de los años existen herramientas que pueden
resultarles útiles a quienes tienen a su cargo el manejo de los efectos de los
desplazamientos. Y así mismo, en los procedimientos que se han venido
desarrollando para manejar estas crisis, existen múltiples herramientas que
pueden ser aprovechadas por la gestión del riesgo.
El Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres debe establecer canales de comunicación permanentes con
sistemas como el de “alertas tempranas” para desplazamientos y el de atención a
desplazados que manejan programas e instituciones como la Red de Solidaridad y
la Defensoría del Pueblo, de manera que sin invadirse mutuamente los campos de
acción y sin que ninguno de ellos asuma responsabilidades que les corresponden
a los otros, se identifiquen y desarrollen estrategias comunes y sobre todo coherentes,
que le permitan a la sociedad colombiana avanzar de manera más integral hacia
el desarrollo sostenible.
GUSTAVO WILCHES-CHAUX
Bogotá, Enero 2008
Invitación a pasar por estos blogs:
Resiliencia
Derechos de personas y comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres
La salud emocional, afectiva y cultural en los desastres
La comunicación un compromiso político
Notas de pie de página
De allí que consideremos que la gestión
del riesgo en las condiciones descritas constituye una acción humanitaria y
como tal debe ser respetada por los actores armados.