domingo, enero 05, 2020

Pactos por la TOTA-lidad

Nota de Enero 6, 2020 
La versión original de este artículo se publicó en el libro "Boyacá Compleja" (pág. 255), el cual fue lanzado en la Casa de Boyacá en Bogotá, el 18 de Diciembre de 2019. 
Dicha versión, a su vez, se escribió por primera vez en Julio del año pasado, pero entre ese momento y la fecha en que el libro entró a imprenta, fue necesario realizar varias actualizaciones, debido a que muchas de las dinámicas que en Julio se veían venir, en Octubre ya eran realidades palpables, algunas de las cuales incluso, ya habían superado la magnitud hacia donde se esperaba que iban a evolucionar.
Lo mismo ha seguido ocurriendo, pero con mayor velocidad y gravedad, entre la fecha del lanzamiento del libro en Diciembre pasado y el día de hoy. En particular, sin que haya culminado todavía la primera semana de Enero 2020, ya se han consolidado como dramáticas amenazas para la estabilidad planetaria y por ende para la existencia de la especie humana, dos de la crisis a las cuales se hace mención en el texto: las tensiones entre Estados Unidos e Irán que pueden conducir a una guerra de impacto global; y los mega-incendios forestales que alteran de manera grave la estabilidad hidro-climática del planeta y que ponen en un peligro aún mayor las condiciones que permiten su habitabilidad. Cuando lleguemos a los párrafos en que se hace mención a esos temas, haremos las actualizaciones necesarias, a sabiendas de que no pasará mucho tiempo antes de que esas nuevas realidades ya hayan quedado superadas. Una característica interesante del libro "Boyacá Compleja" es que del mismo existe una versión virtual, la cual precisamente se podrá seguir enriqueciendo y actualizando en tiempo real, con aportes de quienes quieran convertirse en co-autores de de esta obra diseñada para,mantener viva esa dinámica que muy bien corresponde a la complejidad de Boyacá. 
Pactos por la TOTA-lidad
Pido prestado para título de este artículo, el nombre de un proceso que con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ y con varios actores de la cuenca que conforman la Mesa Permanente por el Lago de Tota (1) , adelantamos en los años 2014 y 2015.
El objetivo, todavía vigente, de ese proceso que retomamos en junio 2019 y que coincide con los objetivos de la Mesa, es reconocer las múltiples y complejas interdependencias que existen entre los distintos actores institucionales y sociales, y entre estos actores humanos y los no humanos que forman parte activa e integral de esa cuenca, comenzando por supuesto por el lago mismo.
Ese conjunto dinámico de interdependencias forma una telaraña o una red que debe ser capaz de amortiguar los efectos de impactos de distinto origen, asegurándoles así “Seguridad Territorial” y resiliencia  tanto a las comunidades humanas como a los ecosistemas.
En este, como en otros procesos que he tenido la oportunidad de acompañar en varios escenarios, marcados algunos por conflictos o por crisis de distintos orígenes, partimos de la convicción compartida (a la cual hay que llegar como parte del proceso), de que los ecosistemas y sus componentes no humanos, como en este caso el lago y sus afluentes, y la flora, la fauna y los suelos, y todos los organismos que los conforman, no son “cosas” sobre las cuales los humanos podemos tomar decisiones unilaterales, sino actores-activos, muchos de los cuales han existido en los territorios desde miles de años antes de que apareciéramos los seres humanos.
Otros actores no humanos son los volcanes y otras dinámicas hidro-geológicas (como las agua termales, presentes en la cuenca que nos ocupa), las fallas geológicas y las dinámicas que éstas desencadenan al moverse. En otros escenarios, en la lista de actores se encuentran el mar, las dinámicas costeras y de los fondos oceánicos, y todos los seres no humanos que de una u otra manera intervienen en esas dinámicas, ya sea como causa o como consecuencia. Por ejemplo, los tsunamis.
Y -como nos está quedando cada vez más claro- también son actores decisorios de cualquier territorio, el clima y esa expresión del mismo que es el tiempo atmosférico o meteorológico, con todos los factores y actores (incluidos los humanos) que determinan que uno y otro sean como son y que se comporten de las maneras tan complejas como se comportan: la posición que ocupa cada territorio en la Tierra, la manera como la energía solar incide y se relaciona con ese territorio, la topografía u orografía, la cobertura vegetal, los usos del suelo, el impacto de las actividades humanas sobre los sistemas concatenados (atmósfera, hidrósfera, criósfera, geósfera, biósfera, etc).
De la conciencia de que esos componentes no humanos del territorio no son “cosas” sino actores-activos, debemos pasar necesariamente a la convicción de que es necesario concertar con ellos, por las buenas, todas las decisiones que tomemos y que impacten el territorio.
Algunas de las personas que tengan la gentileza de leer estas páginas, me habrán oído afirmar varias veces que cada vez que ocurre un desastre de origen hidrometeorológico, es decir, relacionado con el clima o el agua, basta preguntarse qué derechos fundamentales le han sido violados al agua, para identificar la causa del desastre.
Los ríos, las quebradas y los humedales que se desbordan son rebeldes sin cauce. La mayoría de los mal llamados “desastres naturales” son el reclamo que hace la Naturaleza por las malas, porque en las decisiones humanas no ha sido consultada por las buenas. (Intentemos entender con esta óptica, por ejemplo, las causas del desastre que constituye el bloqueo de la Vía al Llano).
Para poder consultar por las buenas a todos estos actores no humanos, es necesario desarrollar múltiples sensibilidades y capacidades, que incluyen por supuesto el conocimiento que aportan la ciencia y la tecnología modernas, y que a través de efectivos diálogos de saberes, mutuamente respetuosos con los conocimientos tradicionales de las culturas que se han forjado en estrecho contacto y en conversación permanente con sus territorios, pueden generar los conocimientos necesarios para relacionarnos de manera más adecuada con la Tierra.
De esos diálogos de saberes y de esas conversas con el territorio, debe surgir una ética eco-céntrica y bio-céntrica capaz de superar el antropocentrismo que muchas veces determina que los avances del conocimiento humano y sus aplicaciones tecnológicas, no se pongan al servicio de la Vida en todas sus expresiones, sino de determinados intereses que resultan incompatibles con las condiciones que hacen posible la existencia de ese maravilloso fenómeno en la Tierra.

Unas realidades cada vez más complejas… y más complicadas de enfrentar
Mientras en junio pasado me preparaba para escribir este artículo llegaban, casi al tiempo, noticias que si bien no corresponden a nuevos procesos, sí indican que una serie de realidades están alcanzando puntos críticos, algunas de ellas, como las relacionadas con el cambio climático, antes de cumplirse los plazos esperados.
Científicos de la Universidad de Alaska, por ejemplo, determinaron que el acelerado descongelamiento del permafrost (suelo permanentemente congelado en las regiones más frías del planeta), está teniendo lugar 70 años antes de lo previsto. En este momento, según los investigadores,  el planeta ha alcanzado temperaturas que no experimentaba desde hace 5.000 años. Desde hace mucho tiempo se había establecido que el descongelamiento del permafrost sería un indicador de que la crisis climática ha dado un salto cualitativo e irreversible. 
No hace mucho tiempo se registraron en Mitribah, Kwait (21 de Julio de 2016) y en Turbat, Pakistán (18 de Mayo de 2017) temperaturas de 54 grados Celsius, oficialmente reconocidas por la Organización Meteorológica Mundial OMM/WMO como las más altas que se han medido en el planeta en los últimos 76 años.
Ya estaba escrita la primera versión de este artículo cuando se informó que en el continente europeo se estaban registrando temperaturas que batieron nuevos récords.
 
Cuando, el 18 de Junio pasado, el meteorólogo colombiano Christian Euscátegui nos compartió por Twitter esa información confirmada por la Organización Meteorológica Mundial OMM/WMO, agregó que, de acuerdo con datos del IDEAM, la temperatura más alta registrada en nuestro país ha sido hasta ahora de 45 grados en Puerto Salgar, Cundinamarca en Diciembre de 2015.
No resulta posible realizar una comparación “lineal” entre las características de este puerto colombiano sobre el río Magdalena y las de los puntos mencionados en Pakistán y en Kwait, pero no me cabe duda de que en esa diferencia de casi 10°C han influido a nuestro favor, los múltiples amortiguadores ecosistémicos con que contamos en nuestro país y que constituyen “ventajas comparativas para coevolucionar con el cambio climático 
En Julio 2019 se pronosticaba que ese mes podría llegar a ser el más caliente en la Tierra desde que se llevan registro, lo cual quedó totalmente confirmado en Agosto.
A mediados de Diciembre ya se sabía que esa había sido la década más caliente jamás registrada hasta ese momento.
2019: Arden el Amazonas y el África
2029-2020 Arde Australia

Poblaciones desplazadas
Otra de las noticias a que me refiero fue la que publicó El Espectador el 19 de Junio, de acuerdo con la cual Colombia es hoy el país con más desplazados internos del mundoDice así:
Desde 2015, [Colombia] es el país que más desplazados internos tiene, superando a Siria que ya llega a 6’183.900, luego de más de ocho años de una guerra civil. Así lo reportó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe “Tendencias globales: desplazamiento forzado en el 2018”, que se publicó hoy.
En el mundo el desplazamiento forzado se incrementó durante el año pasado, pues la cifra de desplazados llegó a 41,3 millones de personas, 1,3 millones más que en 2017. Además, es la cifra más alta que ha reportado el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IMDC, por sus siglas en inglés), que desde 1998 documenta este fenómeno a escala mundial.
En Colombia 7’816.500 de personas han huido de la violencia. Supera a República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria y Yemen. Durante el 2018, según el documento, 118.200 colombianos abandonaron sus hogares huyendo de la guerra.
Estas cifras aterradoras no incluyen a los cerca de dos millones de migrantes y refugiados venezolanos que, “según datos de las autoridades nacionales de inmigración y otras fuentes” que recogen la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han llegado al país. Esa cifra sigue aumentando y no es fácil saber con exactitud hoy cuantos son.
De acuerdo con estas instituciones internacionales, esta población venezolana constituye 
…uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo.
El ritmo de la salida de Venezuela ha sido asombroso. Unos 695.000 a fines de 2015, la cantidad de refugiados y migrantes de Venezuela se ha disparado a más de 4 millones a mediados de 2019, según datos de las autoridades nacionales de inmigración y otras fuentes. En solo siete meses desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón.
Recordemos que tras la guerra civil que disparó la crisis humanitaria de Siria, existieron razones climáticas (sequía severa y prolongada) que no viene al caso analizar a fondo aquí.

Crisis alimentaria actual y potencial
A esas dos dinámicas que están confluyendo en tiempo real -la crisis climática global y las crisis humanitarias por desplazamientos internos y migraciones forzadas a nivel internacional- hay que sumarles otras que de una u otra manera también van a generar implicaciones sobre los territorios colombianos: la crisis alimentaria que determina que “113 millones de personas en 53 países experimentaron niveles elevados de inseguridad alimentaria en las crisis alimentarias más graves del mundo en 2018”  ; los pasos que están dando las grandes economías del mundo hacia la que puede ser una recesión que varios analistas pronostican que “puede ser peor a la de 2008”.

Tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán
Mientras escribía la primera versión de este documento, ya comenzaban a incrementarse en tiempo real las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y de Irán.
 
Escribí entonces: "Confiemos que, como ha sucedido otras veces (con Corea del Norte, China, Rusia y con el mismo Irán), esta vez ese amago de crisis entre Estados Unidos e Irán se logre enfriar. Pero si efectivamente llegara al mundo una confrontación nuclear -o incluso convencional pero de implicaciones globales-, Colombia debe estar preparada para amortiguar los efectos de todas las dinámicas mencionadas que, repito, salvo la posibilidad de una recesión económica mundial y la guerra USA-IRÁN, no constituyen advertencias prospectivas, sino crisis en pleno desarrollo actual."
Ahora, en los primeros días del mes de Enero de 2020, esa crisis ya ha pasado del estado de "agudización de tensiones" a una fase de clara confrontación bélica, con motivo del asesinato por parte de Estados Unidos, del líder Qasem Soleimani, considerado el jefe militar más poderoso de Irán.
Mientras esto escribo, crecen la incertidumbre y el temor a nivel mundial, pues "Trump amenaza con atacar 52 objetivos iraníes si Teherán toma represalias". a lo cual por supuesto ha respondido Teherán.
En este momento esta es una de las llamadas "Noticia en desarrollo", y existe la posibilidad de que en los próximos días ocurran hechos capaces de cambiar para siempre -y no para bien- el curso del siglo actual. Ni Colombia como país, ni ninguno de sus territorios, pueden considerarse exentos de recibir el impacto de una confrontación mundial.
A estas hay que sumarles los procesos internos que simultáneamente constituyen amenazas, vulnerabilidades y riesgos, y que en algunos casos ya están convertidos en desastres: los asesinatos sistemáticos de líderes sociales: solamente en la semana que precedió al 2 de Octubre, asesinaron 6 líderes indígenas en el Cauca, lo cual da una idea del ritmo aterrador con que se están llevando a cabo estos crímenes en el país. Al terminar el año, se constató que a lo largo de 2019, en promedio cada cinco días asesinaron a un líder social en el Norte del Cauca, tendencia que empezando el 2020 no parece cambiar. Los pasos efectivos que se están dando para cumplir la promesa de “volver trizas el acuerdo de paz”; el reencauche de un conflicto armado absurdo en la cual siguen perdiendo la vida decenas de jóvenes colombianos obligados a pelear una guerra por intereses que no los representan; el deterioro acelerado de ecosistemas estratégicos para la seguridad climática, la seguridad hídrica, y la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria; la evidencia diaria de que el país no solamente no está preparado para enfrentar los efectos de dinámicas extremas “excepcionales” propias del cambio climático, como tampoco para enfrentar muchas manifestaciones propias de la variabilidad climática.

Alianzas para la Esperanza
Retomo aquí el título de una charla reciente que hice en el IV Festival del Oso de Anteojos que se llevó a cabo en Jericó, Antioquia, entre el 31 de Mayo y el 1° de Junio: “Los humanos solos no podemos: necesitamos alianzas con todos los seres vivos del planeta”.
Pese a las múltiples amenazas que pesan sobre a integridad y la diversidad de los territorios colombianos (diversidad climática, ecosistémica, étnica, cultural y en muchos casos económica, todas interrelacionadas entre sí), aquí encontramos todavía los clavos y las hamacas necesarias para tejer esa red o telaraña capaz de aguantar el impacto de los balonazos que pueden atentar contra las condiciones que hacen posible que exista la vida en este país.
Los actores humanos y no humanos de nuestros territorios somos las arañas capaces de realizar esos tejidos o de reponerlos cuando han sido afectados por la materialización de alguna amenaza de origen humano o natural (por ejemplo la violencia, o un terremoto, una erupción volcánica o un extremo climático). A pesar de todo el sufrimiento multidimensional que agobia a las comunidades colombianas, también abundan ejemplos de eso que hoy se conoce como resistencia y resiliencia o capacidad de recuperación a nivel colectivo o individual.
Volvamos entonces a los “Pactos por la TOTA-lidad”, para hacer un llamado expreso y concreto a los distintos actores humanos y no humanos que constituyen todos esos territorios que conforman ese gran territorio que es Colombia, y en el caso particular de este libro, que conforman a la Boyacá Compleja.
Unas alianzas concertadas y tejidas entre toda esa gama de ecosistemas que se describen en otros capítulos de este libro, entre las culturas que han surgido de la convivencia no siempre tranquila con las dinámicas naturales, y con todas esas otras que se cobijan bajo el nombre de “la Historia”; unas alianzas que permitan identificar intereses comunes para que desde esa comunión –“unidad en lo común”- se puedan transformar pacíficamente los conflictos sin necesidad de matarnos entre humanos, ni matar los ecosistemas, ni dar papaya para que las dinámicas de la naturaleza se conviertan en amenazas que nos puedan dañar.

En esa caja de “Herramientas para la crisis”  que es nuestro territorio, está lo que necesitamos para tejer las telarañas que nos permitan aguantar el impacto de las dinámicas destructoras que puede provenir del exterior o de nuestro propio país.

A tejer pues

Posdata: en los meses de septiembre y octubre se comenzaron a dar la primeras puntadas para el tejido de la que se espera que sea una red de lagunas conformada inicialmente por el lago de Tota, la laguna de Fúquene y la laguna de la Cocha. No solamente se encuentran en esa onda las Corporaciones Autónomas Regionales de Boyacá (Corpoboyacá), Cundinamarca (CAR) y Corponariño, sino que se están vinculando organizaciones sociales y ambientalistas y movimientos de jóvenes. El Ministerio de Ambiente y la Cooperación Internacional comienzan a acompañar ese proceso. Dado que el país se encuentra a pocos meses de que se produzcan cambios en las Gobernaciones, las Alcaldías y las Corporaciones Autónomas Regionales, el papel de la sociedad civil y de los actores no humanos del territorio, comenzando en este caso por las lagunas mismas, es la principal garantía para la continuidad de estos procesos que no se rigen por calendarios políticos sino por otro tipo de dinámicas, de ritmos y de prioridades.
Continuará...

(1) La Mesa Permanente por el Lago de Tota se constituyó formalmente el 14 de Junio de 2013 y desde su creación ha logrado varios avances, particularmente en la vinculación a la misma de actores institucionales y autoridades locales y nacionales, así como de líderes comunitarios y del sector productivo cuyas actividades dependen del Lago. Unos de eso avances se han alcanzado en el campo de la transformación pacífica de conflictos. La Mesa cuenta con el apoyo de la Agencia Francesa de Cooperación AFD y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

lunes, junio 04, 2018

"Derechos de personas y comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres"

Todos los seres vivos, incluyendo las comunidades humanas y sus ecosistemas, poseen "mecanismos de superación" que les permiten transformarse creativamente como resultado de las crisis. La Corporación NASA KIWE entiende su propia función y la de los distintos actores externos que intervienen o intervendrán en la zona de desastre, como el papel que cumplen las medicinas biológicas sobre los organismos afectados por alguna dolencia: no sustituyen el sistema inmunológico que le permite al organismo enfermo asumir el protagonismo de su proceso curativo, sino que lo fortalecen a través de estímulos de energía que el mismo organismo se encarga de procesar según sus propias carencias y necesidades. Esos estímulos de energía, representados en este caso por los aportes económicos, metodológicos o técnicos que realicemos en la zona los actores externos, deben reconocer en las distintas expresiones de la cultura de las comunidades locales, la columna vertebral de su sistema inmunológico y de sus posibilidades creativas.
De los “Principios Orientadores” de la Corporación NASA KIWE
(Creada por el Gobierno Nacional para acompañar a las comunidades y a los ecosistemas afectados por del terremoto del Páez - 6 de Junio de 1994)

Escribí esta propuesta tras el terremoto del Eje Cafetero, y la he venido impulsando desde entonces con el ánimo de motivar un debate sobre los derechos de las personas y comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres, ya sean desencadenados por fenómenos de origen natural, o por fenómenos antrópicos (de origen humano) o socio-naturales (aquellos que se expresan a través de cambios en la naturaleza, pero cuyo origen está en la actividad humana). 

El desastre que vive hoy Colombia, y particularmente las poblaciones del Bajo Cauca antioqueño, es un dramático ejemplo de estos últimos, claramente generados por la manera como se construyó la mega-represa de Hidroituango y que obligó al río Cauca a protestar por las malas. 


La propuesta se fundamenta en la concepción según la cual los desastres no son “naturales” ni “castigos de Dios”, sino el producto de la convergencia entre unos fenómenos propios de la dinámica de la naturaleza o de dinámicas humanas que se convierten en amenazas, y unos factores de vulnerabilidad que determinan que una comunidad no esté en capacidad de adaptarse sin traumatismos a la ocurrencia de esos fenómenos, o que bloquean o reducen la capacidad humana para recuperarse de los efectos nocivos de los mismos.

El nombre de este blog nos lo recuerda: los aguaceros adquieren el carácter de amenazas cuando los techos (los territorios) tienen goteras.

La propuesta también parte de la base de que los desastres no constituyen hechos súbitos y aislados de la vida “normal” de la comunidad, sino que es necesario entenderlos en el contexto de los procesos en virtud de los cuales la comunidad afectada entra en interacción con los ecosistemas que ocupa o sobre los cuales interviene. Los desastres son también procesos enraizados en el pasado y cuyos efectos positivos o negativos se proyectan hacia el futuro y alteran el curso de la vida de una comunidad y de quienes la conforman.


Parto de la convicción probada en la práctica, de que las personas y comunidades afectadas por un desastre no se convierten de manera automática e inevitable en “víctimas impotentes”, sino que tanto ellas, como los ecosistemas, poseen “mecanismos de superación” que no solamente les permiten recuperarse de los efectos del desastre, sino rediseñar el curso de la comunidad en función de aproximarse a la sostenibilidad. En consecuencia, los derechos de las personas y comunidades afectadas por desastres, se pueden resumir en el derecho a que toda actividad posterior al fenómeno que lo desencadenó, se realice en función de activar y fortalecer esos “mecanismos de superación”. Esto se conoce hoy como fortalecer la resiliencia.

De una u otra manera todos estos Derechos son desarrollos y aplicaciones concretas de Derechos Constitucionales consagrados en nuestra Constitución Política y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, entonces, no  propone nuevos Derechos, sino que aterriza los que ya existen en la situación concreta que viven las comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres. 

Ejemplo de un dilema: mientras algunos de los derechos aquí recopilados aparecen y ya se reconocen al menos teóricamente como obvios, existen algunos que todavía merecen y requieren un mayor debate, como por ejemplo, si a las a personas y comunidades en inminente riesgo de desastre, les asiste el derecho a negarse a evacuar una zona declarada por las autoridades como de amenaza inminente y alto riesgo, y las consecuencias que el ejercicio de ese derecho puede acarrear en términos de responsabilidad tanto para las autoridades como para los líderes y miembros de las comunidades afectadas. 

Y de las preguntas que genera: ¿Debe reconocerse el derecho de una comunidad a negarse a una evacuación forzada, cuando existen de por medio amenazas inminentes y condiciones de alto riesgo, y cuando ha mediado información suficiente para que la comunidad pueda evaluar las consecuencias de su negativa? De no reconocerse ese derecho, ¿existe para las autoridades el derecho y el deber de forzar una evacuación en las circunstancias descritas? ¿Cómo se haría compatible este derecho con el interés colectivo que se concreta y expresa en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de gestión del riesgo, que son una herramienta para hacer efectivo el derecho de las comunidades a la prevención de desastres?

Por último, hay que decir que en este listado tentativo no se incluye el derecho que les asiste a las personas y comunidades afectadas por un desastre para exigir una indemnización económica cuando se demuestre objetivamente que el desastre se ha producido por culpa o negligencia del Estado o de otros actores, por considerar que sobre ese derecho existe todo un cuerpo de teoría jurídica y de jurisprudencia, alrededor de temas como el de la “responsabilidad civil extracontractual”. Los derechos que aquí se invocan, hacen más referencia a la manera de “manejar el desastre" por parte tanto del Estado como de las comunidades afectadas, y de todos aquellos actores externos que intervienen en una u otra forma en un escenario de crisis.

Otro campo que queda por explorar, es el de los deberes correlativos a estos derechos, es decir, las responsabilidades que deben asumir los distintos actores sociales e institucionales en caso de que se reconozca efectivamente la existencia de los derechos propuestos.

Aquí puede verse la conferencia que sobre este tema presenté en Ibagué en el "Encuentro Constitucional por la Tierra" convocado por la Corte Constitucional

LOS DERECHOS


1)    Derecho a la protección del Estado:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tiene derecho a que el Estado, directamente o a través de los organismos de socorro nacionales e internacionales y de otras instituciones con fines similares, les otorgue sin distingos de ninguna especie, la protección que requieren mientras recuperan las condiciones que les permitan satisfacer por sus propios medios sus necesidades esenciales. Dicha protección se concreta en el suministro de albergue, alimentación, vestido, atención médica y sicológica, recreación y seguridad para sí mismos y para sus bienes (incluyendo los bienes colectivos que forman parte del patrimonio cultural de la comunidad), todo lo anterior teniendo en cuenta las particularidades culturales de cada comunidad afectada. Lo anterior incluye el derecho a la evacuación oportuna y concertada de zonas de amenaza inminente y alto riesgo cuando las circunstancias así lo ameriten, y la reubicación concertada, temporal o permanente, en zonas libres de amenaza o en donde las amenazas sean manejables. Sin embargo, las personas y comunidades también poseen el derecho a no ser evacuadas en contra de su voluntad de una determinada zona, a pesar de poseer toda la información necesaria sobre los posibles riesgos de permanecer en dicha zona.



2)    Derecho a la información:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a conocer de manera adecuada, oportuna, clara, precisa y veraz, la información disponible sobre aspectos tales como:

a.    Los fenómenos que desencadenaron la situación de desastre, su naturaleza, sus consecuencias actuales y potenciales, etc.

b.    Su propia situación de vulnerabilidad frente a dichos fenómenos y los riesgos que de la misma se puedan derivar.

c.    Información necesaria para que las comunidades y sus líderes puedan tomar, de manera concertada con las autoridades, la decisión de ser evacuados de una zona de amenaza inminente y alto riesgo, o la decisión de permanecer bajo su responsabilidad en dicha zona en contra de las advertencias e instrucciones de las autoridades.

d.    Los planes de prevención, de contingencia, de emergencia, de recuperación y de reconstrucción existentes, los recursos disponibles o previstos para llevarlos a cabo, los mecanismos de administración y de control de los mismos, etc.

El derecho a la información incluye el derecho a que las percepciones, interpretaciones y puntos de vista de los distintos actores sociales sean tenidos en cuenta como elementos para construir una visión compartida del desastre y de la situación de la comunidad dentro de él, a través de los llamados “diálogos de saberes”, “diálogos de ignorancias” y “diálogos de imaginarios”.

En general, la comunidad tiene derecho a conocer a través de la educación formal y no formal (desde el nivel preescolar hasta la educación superior), de la formación profesional y de la información pública, la realidad ambiental y la dinámica natural de la región que ocupa, así como los riesgos surgidos de la interacción humana con dicha realidad.

3)    Derecho a la participación:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a una participación directa, activa, decisoria y eficaz en todas las etapas del proceso, desde aquellas previas a la ocurrencia del evento desencadenante (cuando haya lugar a ello, como en el caso de las alertas previas a huracanes o erupciones volcánicas), hasta las etapas de emergencia, recuperación, reconstrucción y posterior desarrollo de la región afectada y de sus habitantes.

El derecho a la participación incluye el derecho de la comunidad a elegir sus propios voceros, delegados o representantes ante las distintas instancias con injerencia en los procesos que surjan como consecuencia del desastre, sin que el nombramiento y la actuación de dichos voceros, delegados o representantes, supla y agote por sí misma el derecho de las comunidades a la participación.



4)    Derecho a la integralidad de los procesos:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que los procesos tendientes a su recuperación, reconstrucción y posterior desarrollo, sean concebidos con carácter integral y con sentido humano, social, económico, ambiental y cultural, y a que no se centren en la mera reconstrucción de la infraestructura física. Lo anterior implica el derecho a que la recuperación y el fortalecimiento del tejido social de las comunidades afectadas, y de su capacidad de gestión y autogestión, se consideren como prioridades de los procesos, con miras a la sostenibilidad global de las comunidades que los protagonizan. Así mismo, comprende el derecho a la protección y recuperación del patrimonio cultural, tangible e intangible, en sus diferentes expresiones, que le otorgan a la comunidad sentido de identidad, de pertenencia, de propósito colectivo y de continuidad en medio de la crisis.

5)    Derecho a la diversidad:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que se respeten las particularidades culturales de cada actor y sector social en las distintas etapas y expresiones de los procesos que surjan como consecuencia del desastre, lo cual incluye la necesidad de tener en cuenta las necesidades específicas de los sectores más vulnerables de la comunidad (niños, ancianos, enfermos, discapacitados, etc.)

Lo anterior comprende así mismo el derecho a que las ayudas externas se realicen teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de los receptores o beneficiarios de las mismas, más que las necesidades de los donantes, y el derecho a que toda ayuda se realice como un insumo para el proceso hacia la autogestión de las comunidades, y no como un auxilio a damnificados impotentes.



6)    Derecho a la perspectiva de género:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que en las distintas etapas y expresiones de los procesos, se garantice la participación decisoria de las mujeres, de manera tal que sus puntos de vista, sus propuestas, sus necesidades, sus aspiraciones y su potencial, sean tenidos en cuenta en la dirección, planeación, ejecución, control y evaluación de dichos procesos.

7)    Derecho a la autogestión:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que en las distintas etapas y expresiones de los procesos, se respete y se fortalezca la capacidad de decisión, gestión y autogestión de los distintos actores locales, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

Lo anterior incluye el principio de que un nivel de superior jerarquía solamente deberá tomar decisiones o ejecutar acciones que sobrepasen la capacidad de decisión o ejecución del nivel jerárquico inmediatamente inferior. Por ejemplo, las decisiones que deben y pueden ser tomadas por un alcalde municipal, no deberán ser tomadas por el gobernador del departamento, ni las que les corresponden al gobernador deberán ser tomadas por el nivel nacional.

8)    Derecho de prioridad:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que las acciones y procesos tendientes a restituir su autonomía y su capacidad de gestión perdidas o reducidas como consecuencia del desastre, sean atendidos con carácter prioritario frente a los intereses y objetivos de sectores políticos, o de sectores económicos o sociales no afectados, así pertenezcan a la misma región.
  
9)    Derecho a la continuidad de los procesos:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a la continuidad de los procesos tendientes a su recuperación y reconstrucción, y a la asignación de los recursos necesarios para adelantarlos, por encima de la duración de los periodos de las autoridades locales, regionales o nacionales, lo cual significa que dichos procesos deben tener carácter de programas de Estado y no de programas de Gobierno.

10)  Derechos frente a los medios de comunicación:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que los medios de comunicación respeten su intimidad, a que no las conviertan en motivo y oportunidad para el sensacionalismo, y a que los medios cumplan el papel de facilitadores de los procesos de comunicación entre las comunidades afectadas y las autoridades o actores y sectores sociales de distinto nivel que intervienen o vayan a intervenir en los procesos. Así mismo, tienen derecho a que la información que transmitan los medios contribuya a comprender de manera veraz, objetiva y racional las causas y procesos que condujeron al desastre, y a descubrir y fortalecer el potencial de recuperación y gestión existente en las mismas comunidades, en lugar de consolidar el estereotipo según el cual los afectados por un desastre son entes incapaces de retomar el control de su propio destino.

11)  Derecho a la participación de la naturaleza:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, al igual que los ecosistemas con los cuales éstas interactúan, tienen derecho a que la voz de la naturaleza sea escuchada en la toma de las decisiones que determinarán el rumbo de los procesos de recuperación, reconstrucción y desarrollo, de manera tal que los mismos avancen hacia la construcción de unas relaciones sostenibles entre las comunidades y su entorno.

[Nota de Junio 2018: cuando escribí esta propuesta ya tenía claro que los ecosistemas, el agua, el clima, los suelos y la biodiversidad no son cosas inertes sobre las cuales los humanos tomamos decisiones de manera unilateral, sino actores activos de los territorios, los cuales deben ser consultados y tenidos en cuenta en las decisiones humanas. Más sobre el tema en "Dialogar por las buenas con el agua"]

12)  Derecho a la prevención:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, al igual que los ecosistemas con los cuales estas interactúan, tienen derecho a que en los procesos, planes y programas tendientes a su recuperación, reconstrucción y desarrollo, se incorpore el concepto de prevención de nuevos desastres, mediante la herramienta de la gestión del riesgo, a través de la cual se busca el manejo adecuado de las amenazas y la mitigación de los factores de vulnerabilidad, de manera que ni la dinámica de la naturaleza se convierta en un desastre para las comunidades, ni la dinámica de éstas en un desastre para los ecosistemas.

En general, la comunidad tiene derecho a que dentro de la institucionalidad del país exista y opere un sistema técnico, estable, eficaz y dotado de recursos para la gestión de los riesgos, con miras a contribuir a la sostenibilidad global del desarrollo, a reducir la probabilidad de ocurrencia de nuevos desastres y a mejorar los niveles de preparación de los actores gubernamentales y sociales para el caso de que éstos ocurran.

martes, abril 17, 2018

Un documento para no olvidar: las 11 propuestas del ambientalismo colombiano para los equipos negociadores de La Habana


Presentación: en Agosto de 2016 un grupo muy significativo de ambientalistas con distintas historias de vida y de distintas regiones de Colombia, hicimos llegar estas propuestas a los equipos negociadores del Gobierno y de las FARC que en ese momento se encontraban reunidos en La Habana. Creo interpretar a una gran mayoría de las personas que integramos ese grupo, cuando afirmo que hoy mantenemos la esperanza de que a pesar de todas las dificultades y de todos los obstáculos, "este complejo proceso desemboque en un país en paz". Pero más allá de los resultados del proceso de paz, al igual que del resultado de las próximas elecciones presidenciales, mantenemos nuestra convicción de que la esencia de esas ONCE PROPUESTAS sigue totalmente vigente, y reafirmamos nuestro compromiso con Colombia, con sus comunidades, con sus ecosistemas y con sus generaciones presentes y futuras, de seguir trabajando de manera diaria e incansable, para que esas propuestas se conviertan en una realidad. Y de manera efectiva, no solamente de manera formal. La Naturaleza no se deja engañar.
Gustavo Wilches-Chaux
Bogotá, Abril 17 de 2018
                                                                                                      
ONCE PROPUESTAS DESDE EL AMBIENTALISMO COLOMBIANO PARA LOS EQUIPOS NEGOCIADORES DE LA PAZ DE COLOMBIA
TEXTO ORIGINAL


“Ha estallado la paz”

José María Gironella

“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”

José Martí

RECONOCIMIENTOS

El grupo ad hoc de ambientalistas colombianos presentes en La Habana el 12 de agosto de 2016, actuando en nombre de un grupo mayor de ciudadanos y ciudadanas de Colombia, reconociendo que:

  • La Declaración de Río (1992) consagra que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
  • La protección del medio ambiente, la educación para la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático deben ser considerados hoy como  pilares del proceso de desarrollo y no podrán considerarse en forma aislada.
  • El escenario deseado de la paz nos obliga como sociedad a fortalecer las expresiones de una democracia pluralista y participativa para construir una agenda ambiental y social que mejore nuestras posibilidades de progreso sostenible.
Propone al país y a los equipos negociadores del “Proceso de terminación del conflicto y de la construcción de una paz estable y duradera” del Gobierno Colombiano y de las FARC EP, incluir adecuadamente las consideraciones ambientales y climáticas, tanto en los acuerdos de La Habana como en las acciones del posconflicto. Para este fin nos permitimos sintetizar nuestra propuesta en los once puntos que a continuación exponemos, y que se basan en múltiples documentos y propuestas trabajados durante muchos años por el ambientalismo en distintos escenarios de la vida nacional.



PROPOSICIONES

1.       Construir una nueva ética e institucionalidad ambiental, sobre la base de que el clima, la Tierra, el agua, la biodiversidad, la cultura y en general el territorio, no deben ser considerados “objetos” alrededor de los cuales los seres humanos negociamos, sino actores decisorios que deben ser consultados y tomados en cuenta para actuar con precaución.

2.       Planificar y propiciar una novedosa paz territorial, basada en aprendizajes derivados de procesos locales participativos y del reconocimiento de la deuda y los pasivos ambientales. Animamos la construcción de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y ambientales, que nos permitan ordenar cada territorio, atendiendo las dinámicas naturales y humanas específicas, y construyendo mejores relaciones basadas en el respeto a toda forma de vida y en la protección de los Derechos Humanos y los de la naturaleza.

3.       Incorporar en los criterios de la paz territorial conceptos y prácticas novedosos como el buen vivir y el bienestar bajo en carbono, en lugar de insistir en los modelos de desarrollo que han probado su inconveniencia para Colombia y otros países de Latinoamérica y el mundoIncluir las valoraciones y los riesgos de lo ambiental y lo climático en la contabilidad nacional de manera que puedan considerarse criterios como el PIB ambiental y el FIB (Felicidad Interior Bruta) como ejes de la construcción de una paz verdaderamente sostenible entre los seres humanos y la naturaleza, en el marco de la justicia ambiental y climática. Proponemos tener en cuenta que el cambio climático acentúa la variabilidad climática y los conflictos ambientales, por lo tanto las acciones del “posconflicto” deben tenerlos en cuenta.

4.       Trabajar por la confluencia crítica entre la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la agenda 2030 del posconflicto (con los ojos puestos por lo menos en el 2050). Construir modelos socioecológicos sostenibles e incluyentes que consoliden el buen vivir local, las nuevas ciudadanías y por supuesto, la transición de las economías locales hacia formas integralmente justas y sustentables (energías renovables, transporte multimodal con alto contenido pedestre, bicicletismo, líneas férreas, bioconstrucción, permacultura, autoconsumo, territorios hídricos más resilientes, etc).

5.       Comprometerse a redefinir las relaciones entre la Colombia Urbana y la Colombia Rural teniendo en cuenta que los ecosistemas naturales y construidos han sido víctimas de la guerra y que es preciso concertar acciones colectivas orientadas a restaurar los ecosistemas, recuperando valores de conservación, equidad, reciprocidad, solidaridad, hospitalidad, corresponsabilidad e identidad, que garanticen a las comunidades rurales el fortalecimiento de sus identidades con dignidad y calidad de vida integrales, y a las ciudades y a sus habitantes, el derecho a existir en territorios armónicos con las dinámicas que hacen posible la Vida.

6.       Revisar el modelo extractivista minero energético y expresarlo claramente en el ordenamiento territorial, incluyendo la moratoria selectiva, como es el caso de las zonas productoras de agua. Acordar la actividad minero energética con las comunidades locales y proponer la negativa al fracking. Reformar el proceso de licenciamiento ambiental y acelerar la transición energética hacia energías renovables. Construir un plan nacional de seguridad hídrica y alimentaria, contener la deforestación y el modelo de monocultivo y de ganadería extensiva, socialmente excluyente. Proponer la reversión de la Ley 1776 de 2016 (ZIDRES) y estimular una política de beneficio real a los campesinos. Fortalecer las zonas de reserva campesinas y las asociaciones campesinas agroecológicas con innovación social y trabajo creativo humano.

7.       Asumir la educación integral y la democratización de la información y el conocimiento como instrumentos de construcción de la paz. Juntos, el Estado, la sociedad, las instituciones educativas, y los actores que hoy están renunciando a la guerra como forma de tramitar los conflictos, tenemos el desafío de construir conocimiento con sentido humanista y una ética planetaria. Proponemos la construcción de un proyecto pedagógico permanente orientado a construir formas de Ser y de convivir en el mundo, que reconozcan las utopías y las diversidades culturales y naturales.  

8.       Fortalecer y reconocer la investigación científica, la innovación y otros modos de construcción del conocimiento como medios para mejorar el conocimiento de la realidad ecológica, climática y cultural del país, y con ello entender mejor los conflictos que llevaron a la confrontación y garantizar la no repetición de todas las formas de violencia y conflicto armado.

9.       Hacer un balance participativo de las deudas ambientales en las regiones y localidades reconociendo a la naturaleza como víctima del conflicto armado y del modelo de desarrollo colombiano, y por tanto sujeto de Verdad, Justicia y reparación.  

10.    Construir colectivamente la Agenda ambiental y climática para la paz, a partir del diálogo desprevenido, constructivo y permanente sobre la base de los siguientes irrenunciables1) el derecho fundamental humano y ecológico de acceso al agua en la cantidad y calidad que los seres vivos necesitamos para existir, 2) la resiliencia climática, 3) la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, 4) la Identidad, entendida como el sentido de pertenencia de las comunidades con los territorios de los cuales forman parte, y 5) la educación y la investigación para la sustentabilidad como motor de las transformaciones sociales, culturales y productivas que requiere la nueva sociedad.

11.    Reafirmar el compromiso del ambientalismo de votar SÍ al Plebiscito y estimular el apoyo colectivo a los Acuerdos de La Habana, y al impulso de los acuerdos con el ELN. Mantendremos una posición crítica y un activismo consecuente sobre las decisiones del desarrollo que pongan en riesgo la sostenibilidad ecológica y social del país, y que afecten el suelo, las aguas que lo irrigan, y en general el territorio donde pretendemos que germinen y fructifiquen las semillas de la paz.

IMPLEMENTACIÓN

Los ambientalistas nos comprometemos a:

  • Trabajar conjuntamente con el Gobierno colombiano, los gobiernos locales de las zonas de posconflicto (especialmente) y las FARC EP, una vez refrendados los acuerdos de la paz, en la implementación de las acciones ambientales que el posconflicto demande, mediante alianzas que surjan del trabajo conjunto entre las organizaciones ambientales y los entes nacionales, regionales o locales, y las organizaciones internacionales y ciudadanas.
  • Ratificar nuestro compromiso con el Sí al Plebiscito, convocando a las plataformas ambientales y climáticas del país, al Encuentro “SÍ AMBIENTAL”.
  • Construir colectivamente, con organizaciones académicas, ambientales, ciudadanas, gremiales y colectivos étnicos y generacionales, propuestas para la Agenda Ambiental 2030 del posconflicto.
Agradecemos desde nuestros corazones a quienes durante largos meses han conformado los equipos negociadores de este proceso de construcción de Vida, a los países garantes y a todos los sectores y actores políticos, sociales y económicos, nacionales e internacionales, que seguirán apoyando el proceso.

La Habana, agosto 12 de 2016