lunes, junio 04, 2018

"Derechos de personas y comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres"

Todos los seres vivos, incluyendo las comunidades humanas y sus ecosistemas, poseen "mecanismos de superación" que les permiten transformarse creativamente como resultado de las crisis. La Corporación NASA KIWE entiende su propia función y la de los distintos actores externos que intervienen o intervendrán en la zona de desastre, como el papel que cumplen las medicinas biológicas sobre los organismos afectados por alguna dolencia: no sustituyen el sistema inmunológico que le permite al organismo enfermo asumir el protagonismo de su proceso curativo, sino que lo fortalecen a través de estímulos de energía que el mismo organismo se encarga de procesar según sus propias carencias y necesidades. Esos estímulos de energía, representados en este caso por los aportes económicos, metodológicos o técnicos que realicemos en la zona los actores externos, deben reconocer en las distintas expresiones de la cultura de las comunidades locales, la columna vertebral de su sistema inmunológico y de sus posibilidades creativas.
De los “Principios Orientadores” de la Corporación NASA KIWE
(Creada por el Gobierno Nacional para acompañar a las comunidades y a los ecosistemas afectados por del terremoto del Páez - 6 de Junio de 1994)

Escribí esta propuesta tras el terremoto del Eje Cafetero, y la he venido impulsando desde entonces con el ánimo de motivar un debate sobre los derechos de las personas y comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres, ya sean desencadenados por fenómenos de origen natural, o por fenómenos antrópicos (de origen humano) o socio-naturales (aquellos que se expresan a través de cambios en la naturaleza, pero cuyo origen está en la actividad humana). 

El desastre que vive hoy Colombia, y particularmente las poblaciones del Bajo Cauca antioqueño, es un dramático ejemplo de estos últimos, claramente generados por la manera como se construyó la mega-represa de Hidroituango y que obligó al río Cauca a protestar por las malas. 


La propuesta se fundamenta en la concepción según la cual los desastres no son “naturales” ni “castigos de Dios”, sino el producto de la convergencia entre unos fenómenos propios de la dinámica de la naturaleza o de dinámicas humanas que se convierten en amenazas, y unos factores de vulnerabilidad que determinan que una comunidad no esté en capacidad de adaptarse sin traumatismos a la ocurrencia de esos fenómenos, o que bloquean o reducen la capacidad humana para recuperarse de los efectos nocivos de los mismos.

El nombre de este blog nos lo recuerda: los aguaceros adquieren el carácter de amenazas cuando los techos (los territorios) tienen goteras.

La propuesta también parte de la base de que los desastres no constituyen hechos súbitos y aislados de la vida “normal” de la comunidad, sino que es necesario entenderlos en el contexto de los procesos en virtud de los cuales la comunidad afectada entra en interacción con los ecosistemas que ocupa o sobre los cuales interviene. Los desastres son también procesos enraizados en el pasado y cuyos efectos positivos o negativos se proyectan hacia el futuro y alteran el curso de la vida de una comunidad y de quienes la conforman.


Parto de la convicción probada en la práctica, de que las personas y comunidades afectadas por un desastre no se convierten de manera automática e inevitable en “víctimas impotentes”, sino que tanto ellas, como los ecosistemas, poseen “mecanismos de superación” que no solamente les permiten recuperarse de los efectos del desastre, sino rediseñar el curso de la comunidad en función de aproximarse a la sostenibilidad. En consecuencia, los derechos de las personas y comunidades afectadas por desastres, se pueden resumir en el derecho a que toda actividad posterior al fenómeno que lo desencadenó, se realice en función de activar y fortalecer esos “mecanismos de superación”. Esto se conoce hoy como fortalecer la resiliencia.

De una u otra manera todos estos Derechos son desarrollos y aplicaciones concretas de Derechos Constitucionales consagrados en nuestra Constitución Política y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, entonces, no  propone nuevos Derechos, sino que aterriza los que ya existen en la situación concreta que viven las comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres. 

Ejemplo de un dilema: mientras algunos de los derechos aquí recopilados aparecen y ya se reconocen al menos teóricamente como obvios, existen algunos que todavía merecen y requieren un mayor debate, como por ejemplo, si a las a personas y comunidades en inminente riesgo de desastre, les asiste el derecho a negarse a evacuar una zona declarada por las autoridades como de amenaza inminente y alto riesgo, y las consecuencias que el ejercicio de ese derecho puede acarrear en términos de responsabilidad tanto para las autoridades como para los líderes y miembros de las comunidades afectadas. 

Y de las preguntas que genera: ¿Debe reconocerse el derecho de una comunidad a negarse a una evacuación forzada, cuando existen de por medio amenazas inminentes y condiciones de alto riesgo, y cuando ha mediado información suficiente para que la comunidad pueda evaluar las consecuencias de su negativa? De no reconocerse ese derecho, ¿existe para las autoridades el derecho y el deber de forzar una evacuación en las circunstancias descritas? ¿Cómo se haría compatible este derecho con el interés colectivo que se concreta y expresa en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de gestión del riesgo, que son una herramienta para hacer efectivo el derecho de las comunidades a la prevención de desastres?

Por último, hay que decir que en este listado tentativo no se incluye el derecho que les asiste a las personas y comunidades afectadas por un desastre para exigir una indemnización económica cuando se demuestre objetivamente que el desastre se ha producido por culpa o negligencia del Estado o de otros actores, por considerar que sobre ese derecho existe todo un cuerpo de teoría jurídica y de jurisprudencia, alrededor de temas como el de la “responsabilidad civil extracontractual”. Los derechos que aquí se invocan, hacen más referencia a la manera de “manejar el desastre" por parte tanto del Estado como de las comunidades afectadas, y de todos aquellos actores externos que intervienen en una u otra forma en un escenario de crisis.

Otro campo que queda por explorar, es el de los deberes correlativos a estos derechos, es decir, las responsabilidades que deben asumir los distintos actores sociales e institucionales en caso de que se reconozca efectivamente la existencia de los derechos propuestos.

Aquí puede verse la conferencia que sobre este tema presenté en Ibagué en el "Encuentro Constitucional por la Tierra" convocado por la Corte Constitucional

LOS DERECHOS


1)    Derecho a la protección del Estado:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tiene derecho a que el Estado, directamente o a través de los organismos de socorro nacionales e internacionales y de otras instituciones con fines similares, les otorgue sin distingos de ninguna especie, la protección que requieren mientras recuperan las condiciones que les permitan satisfacer por sus propios medios sus necesidades esenciales. Dicha protección se concreta en el suministro de albergue, alimentación, vestido, atención médica y sicológica, recreación y seguridad para sí mismos y para sus bienes (incluyendo los bienes colectivos que forman parte del patrimonio cultural de la comunidad), todo lo anterior teniendo en cuenta las particularidades culturales de cada comunidad afectada. Lo anterior incluye el derecho a la evacuación oportuna y concertada de zonas de amenaza inminente y alto riesgo cuando las circunstancias así lo ameriten, y la reubicación concertada, temporal o permanente, en zonas libres de amenaza o en donde las amenazas sean manejables. Sin embargo, las personas y comunidades también poseen el derecho a no ser evacuadas en contra de su voluntad de una determinada zona, a pesar de poseer toda la información necesaria sobre los posibles riesgos de permanecer en dicha zona.



2)    Derecho a la información:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a conocer de manera adecuada, oportuna, clara, precisa y veraz, la información disponible sobre aspectos tales como:

a.    Los fenómenos que desencadenaron la situación de desastre, su naturaleza, sus consecuencias actuales y potenciales, etc.

b.    Su propia situación de vulnerabilidad frente a dichos fenómenos y los riesgos que de la misma se puedan derivar.

c.    Información necesaria para que las comunidades y sus líderes puedan tomar, de manera concertada con las autoridades, la decisión de ser evacuados de una zona de amenaza inminente y alto riesgo, o la decisión de permanecer bajo su responsabilidad en dicha zona en contra de las advertencias e instrucciones de las autoridades.

d.    Los planes de prevención, de contingencia, de emergencia, de recuperación y de reconstrucción existentes, los recursos disponibles o previstos para llevarlos a cabo, los mecanismos de administración y de control de los mismos, etc.

El derecho a la información incluye el derecho a que las percepciones, interpretaciones y puntos de vista de los distintos actores sociales sean tenidos en cuenta como elementos para construir una visión compartida del desastre y de la situación de la comunidad dentro de él, a través de los llamados “diálogos de saberes”, “diálogos de ignorancias” y “diálogos de imaginarios”.

En general, la comunidad tiene derecho a conocer a través de la educación formal y no formal (desde el nivel preescolar hasta la educación superior), de la formación profesional y de la información pública, la realidad ambiental y la dinámica natural de la región que ocupa, así como los riesgos surgidos de la interacción humana con dicha realidad.

3)    Derecho a la participación:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a una participación directa, activa, decisoria y eficaz en todas las etapas del proceso, desde aquellas previas a la ocurrencia del evento desencadenante (cuando haya lugar a ello, como en el caso de las alertas previas a huracanes o erupciones volcánicas), hasta las etapas de emergencia, recuperación, reconstrucción y posterior desarrollo de la región afectada y de sus habitantes.

El derecho a la participación incluye el derecho de la comunidad a elegir sus propios voceros, delegados o representantes ante las distintas instancias con injerencia en los procesos que surjan como consecuencia del desastre, sin que el nombramiento y la actuación de dichos voceros, delegados o representantes, supla y agote por sí misma el derecho de las comunidades a la participación.



4)    Derecho a la integralidad de los procesos:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que los procesos tendientes a su recuperación, reconstrucción y posterior desarrollo, sean concebidos con carácter integral y con sentido humano, social, económico, ambiental y cultural, y a que no se centren en la mera reconstrucción de la infraestructura física. Lo anterior implica el derecho a que la recuperación y el fortalecimiento del tejido social de las comunidades afectadas, y de su capacidad de gestión y autogestión, se consideren como prioridades de los procesos, con miras a la sostenibilidad global de las comunidades que los protagonizan. Así mismo, comprende el derecho a la protección y recuperación del patrimonio cultural, tangible e intangible, en sus diferentes expresiones, que le otorgan a la comunidad sentido de identidad, de pertenencia, de propósito colectivo y de continuidad en medio de la crisis.

5)    Derecho a la diversidad:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que se respeten las particularidades culturales de cada actor y sector social en las distintas etapas y expresiones de los procesos que surjan como consecuencia del desastre, lo cual incluye la necesidad de tener en cuenta las necesidades específicas de los sectores más vulnerables de la comunidad (niños, ancianos, enfermos, discapacitados, etc.)

Lo anterior comprende así mismo el derecho a que las ayudas externas se realicen teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de los receptores o beneficiarios de las mismas, más que las necesidades de los donantes, y el derecho a que toda ayuda se realice como un insumo para el proceso hacia la autogestión de las comunidades, y no como un auxilio a damnificados impotentes.



6)    Derecho a la perspectiva de género:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que en las distintas etapas y expresiones de los procesos, se garantice la participación decisoria de las mujeres, de manera tal que sus puntos de vista, sus propuestas, sus necesidades, sus aspiraciones y su potencial, sean tenidos en cuenta en la dirección, planeación, ejecución, control y evaluación de dichos procesos.

7)    Derecho a la autogestión:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que en las distintas etapas y expresiones de los procesos, se respete y se fortalezca la capacidad de decisión, gestión y autogestión de los distintos actores locales, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

Lo anterior incluye el principio de que un nivel de superior jerarquía solamente deberá tomar decisiones o ejecutar acciones que sobrepasen la capacidad de decisión o ejecución del nivel jerárquico inmediatamente inferior. Por ejemplo, las decisiones que deben y pueden ser tomadas por un alcalde municipal, no deberán ser tomadas por el gobernador del departamento, ni las que les corresponden al gobernador deberán ser tomadas por el nivel nacional.

8)    Derecho de prioridad:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que las acciones y procesos tendientes a restituir su autonomía y su capacidad de gestión perdidas o reducidas como consecuencia del desastre, sean atendidos con carácter prioritario frente a los intereses y objetivos de sectores políticos, o de sectores económicos o sociales no afectados, así pertenezcan a la misma región.
  
9)    Derecho a la continuidad de los procesos:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a la continuidad de los procesos tendientes a su recuperación y reconstrucción, y a la asignación de los recursos necesarios para adelantarlos, por encima de la duración de los periodos de las autoridades locales, regionales o nacionales, lo cual significa que dichos procesos deben tener carácter de programas de Estado y no de programas de Gobierno.

10)  Derechos frente a los medios de comunicación:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, tienen derecho a que los medios de comunicación respeten su intimidad, a que no las conviertan en motivo y oportunidad para el sensacionalismo, y a que los medios cumplan el papel de facilitadores de los procesos de comunicación entre las comunidades afectadas y las autoridades o actores y sectores sociales de distinto nivel que intervienen o vayan a intervenir en los procesos. Así mismo, tienen derecho a que la información que transmitan los medios contribuya a comprender de manera veraz, objetiva y racional las causas y procesos que condujeron al desastre, y a descubrir y fortalecer el potencial de recuperación y gestión existente en las mismas comunidades, en lugar de consolidar el estereotipo según el cual los afectados por un desastre son entes incapaces de retomar el control de su propio destino.

11)  Derecho a la participación de la naturaleza:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, al igual que los ecosistemas con los cuales éstas interactúan, tienen derecho a que la voz de la naturaleza sea escuchada en la toma de las decisiones que determinarán el rumbo de los procesos de recuperación, reconstrucción y desarrollo, de manera tal que los mismos avancen hacia la construcción de unas relaciones sostenibles entre las comunidades y su entorno.

[Nota de Junio 2018: cuando escribí esta propuesta ya tenía claro que los ecosistemas, el agua, el clima, los suelos y la biodiversidad no son cosas inertes sobre las cuales los humanos tomamos decisiones de manera unilateral, sino actores activos de los territorios, los cuales deben ser consultados y tenidos en cuenta en las decisiones humanas. Más sobre el tema en "Dialogar por las buenas con el agua"]

12)  Derecho a la prevención:

Las personas y comunidades afectadas por desastres, al igual que los ecosistemas con los cuales estas interactúan, tienen derecho a que en los procesos, planes y programas tendientes a su recuperación, reconstrucción y desarrollo, se incorpore el concepto de prevención de nuevos desastres, mediante la herramienta de la gestión del riesgo, a través de la cual se busca el manejo adecuado de las amenazas y la mitigación de los factores de vulnerabilidad, de manera que ni la dinámica de la naturaleza se convierta en un desastre para las comunidades, ni la dinámica de éstas en un desastre para los ecosistemas.

En general, la comunidad tiene derecho a que dentro de la institucionalidad del país exista y opere un sistema técnico, estable, eficaz y dotado de recursos para la gestión de los riesgos, con miras a contribuir a la sostenibilidad global del desarrollo, a reducir la probabilidad de ocurrencia de nuevos desastres y a mejorar los niveles de preparación de los actores gubernamentales y sociales para el caso de que éstos ocurran.

martes, abril 17, 2018

Un documento para no olvidar: las 11 propuestas del ambientalismo colombiano para los equipos negociadores de La Habana


Presentación: en Agosto de 2016 un grupo muy significativo de ambientalistas con distintas historias de vida y de distintas regiones de Colombia, hicimos llegar estas propuestas a los equipos negociadores del Gobierno y de las FARC que en ese momento se encontraban reunidos en La Habana. Creo interpretar a una gran mayoría de las personas que integramos ese grupo, cuando afirmo que hoy mantenemos la esperanza de que a pesar de todas las dificultades y de todos los obstáculos, "este complejo proceso desemboque en un país en paz". Pero más allá de los resultados del proceso de paz, al igual que del resultado de las próximas elecciones presidenciales, mantenemos nuestra convicción de que la esencia de esas ONCE PROPUESTAS sigue totalmente vigente, y reafirmamos nuestro compromiso con Colombia, con sus comunidades, con sus ecosistemas y con sus generaciones presentes y futuras, de seguir trabajando de manera diaria e incansable, para que esas propuestas se conviertan en una realidad. Y de manera efectiva, no solamente de manera formal. La Naturaleza no se deja engañar.
Gustavo Wilches-Chaux
Bogotá, Abril 17 de 2018
                                                                                                      
ONCE PROPUESTAS DESDE EL AMBIENTALISMO COLOMBIANO PARA LOS EQUIPOS NEGOCIADORES DE LA PAZ DE COLOMBIA
TEXTO ORIGINAL


“Ha estallado la paz”

José María Gironella

“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”

José Martí

RECONOCIMIENTOS

El grupo ad hoc de ambientalistas colombianos presentes en La Habana el 12 de agosto de 2016, actuando en nombre de un grupo mayor de ciudadanos y ciudadanas de Colombia, reconociendo que:

  • La Declaración de Río (1992) consagra que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
  • La protección del medio ambiente, la educación para la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático deben ser considerados hoy como  pilares del proceso de desarrollo y no podrán considerarse en forma aislada.
  • El escenario deseado de la paz nos obliga como sociedad a fortalecer las expresiones de una democracia pluralista y participativa para construir una agenda ambiental y social que mejore nuestras posibilidades de progreso sostenible.
Propone al país y a los equipos negociadores del “Proceso de terminación del conflicto y de la construcción de una paz estable y duradera” del Gobierno Colombiano y de las FARC EP, incluir adecuadamente las consideraciones ambientales y climáticas, tanto en los acuerdos de La Habana como en las acciones del posconflicto. Para este fin nos permitimos sintetizar nuestra propuesta en los once puntos que a continuación exponemos, y que se basan en múltiples documentos y propuestas trabajados durante muchos años por el ambientalismo en distintos escenarios de la vida nacional.



PROPOSICIONES

1.       Construir una nueva ética e institucionalidad ambiental, sobre la base de que el clima, la Tierra, el agua, la biodiversidad, la cultura y en general el territorio, no deben ser considerados “objetos” alrededor de los cuales los seres humanos negociamos, sino actores decisorios que deben ser consultados y tomados en cuenta para actuar con precaución.

2.       Planificar y propiciar una novedosa paz territorial, basada en aprendizajes derivados de procesos locales participativos y del reconocimiento de la deuda y los pasivos ambientales. Animamos la construcción de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y ambientales, que nos permitan ordenar cada territorio, atendiendo las dinámicas naturales y humanas específicas, y construyendo mejores relaciones basadas en el respeto a toda forma de vida y en la protección de los Derechos Humanos y los de la naturaleza.

3.       Incorporar en los criterios de la paz territorial conceptos y prácticas novedosos como el buen vivir y el bienestar bajo en carbono, en lugar de insistir en los modelos de desarrollo que han probado su inconveniencia para Colombia y otros países de Latinoamérica y el mundoIncluir las valoraciones y los riesgos de lo ambiental y lo climático en la contabilidad nacional de manera que puedan considerarse criterios como el PIB ambiental y el FIB (Felicidad Interior Bruta) como ejes de la construcción de una paz verdaderamente sostenible entre los seres humanos y la naturaleza, en el marco de la justicia ambiental y climática. Proponemos tener en cuenta que el cambio climático acentúa la variabilidad climática y los conflictos ambientales, por lo tanto las acciones del “posconflicto” deben tenerlos en cuenta.

4.       Trabajar por la confluencia crítica entre la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la agenda 2030 del posconflicto (con los ojos puestos por lo menos en el 2050). Construir modelos socioecológicos sostenibles e incluyentes que consoliden el buen vivir local, las nuevas ciudadanías y por supuesto, la transición de las economías locales hacia formas integralmente justas y sustentables (energías renovables, transporte multimodal con alto contenido pedestre, bicicletismo, líneas férreas, bioconstrucción, permacultura, autoconsumo, territorios hídricos más resilientes, etc).

5.       Comprometerse a redefinir las relaciones entre la Colombia Urbana y la Colombia Rural teniendo en cuenta que los ecosistemas naturales y construidos han sido víctimas de la guerra y que es preciso concertar acciones colectivas orientadas a restaurar los ecosistemas, recuperando valores de conservación, equidad, reciprocidad, solidaridad, hospitalidad, corresponsabilidad e identidad, que garanticen a las comunidades rurales el fortalecimiento de sus identidades con dignidad y calidad de vida integrales, y a las ciudades y a sus habitantes, el derecho a existir en territorios armónicos con las dinámicas que hacen posible la Vida.

6.       Revisar el modelo extractivista minero energético y expresarlo claramente en el ordenamiento territorial, incluyendo la moratoria selectiva, como es el caso de las zonas productoras de agua. Acordar la actividad minero energética con las comunidades locales y proponer la negativa al fracking. Reformar el proceso de licenciamiento ambiental y acelerar la transición energética hacia energías renovables. Construir un plan nacional de seguridad hídrica y alimentaria, contener la deforestación y el modelo de monocultivo y de ganadería extensiva, socialmente excluyente. Proponer la reversión de la Ley 1776 de 2016 (ZIDRES) y estimular una política de beneficio real a los campesinos. Fortalecer las zonas de reserva campesinas y las asociaciones campesinas agroecológicas con innovación social y trabajo creativo humano.

7.       Asumir la educación integral y la democratización de la información y el conocimiento como instrumentos de construcción de la paz. Juntos, el Estado, la sociedad, las instituciones educativas, y los actores que hoy están renunciando a la guerra como forma de tramitar los conflictos, tenemos el desafío de construir conocimiento con sentido humanista y una ética planetaria. Proponemos la construcción de un proyecto pedagógico permanente orientado a construir formas de Ser y de convivir en el mundo, que reconozcan las utopías y las diversidades culturales y naturales.  

8.       Fortalecer y reconocer la investigación científica, la innovación y otros modos de construcción del conocimiento como medios para mejorar el conocimiento de la realidad ecológica, climática y cultural del país, y con ello entender mejor los conflictos que llevaron a la confrontación y garantizar la no repetición de todas las formas de violencia y conflicto armado.

9.       Hacer un balance participativo de las deudas ambientales en las regiones y localidades reconociendo a la naturaleza como víctima del conflicto armado y del modelo de desarrollo colombiano, y por tanto sujeto de Verdad, Justicia y reparación.  

10.    Construir colectivamente la Agenda ambiental y climática para la paz, a partir del diálogo desprevenido, constructivo y permanente sobre la base de los siguientes irrenunciables1) el derecho fundamental humano y ecológico de acceso al agua en la cantidad y calidad que los seres vivos necesitamos para existir, 2) la resiliencia climática, 3) la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, 4) la Identidad, entendida como el sentido de pertenencia de las comunidades con los territorios de los cuales forman parte, y 5) la educación y la investigación para la sustentabilidad como motor de las transformaciones sociales, culturales y productivas que requiere la nueva sociedad.

11.    Reafirmar el compromiso del ambientalismo de votar SÍ al Plebiscito y estimular el apoyo colectivo a los Acuerdos de La Habana, y al impulso de los acuerdos con el ELN. Mantendremos una posición crítica y un activismo consecuente sobre las decisiones del desarrollo que pongan en riesgo la sostenibilidad ecológica y social del país, y que afecten el suelo, las aguas que lo irrigan, y en general el territorio donde pretendemos que germinen y fructifiquen las semillas de la paz.

IMPLEMENTACIÓN

Los ambientalistas nos comprometemos a:

  • Trabajar conjuntamente con el Gobierno colombiano, los gobiernos locales de las zonas de posconflicto (especialmente) y las FARC EP, una vez refrendados los acuerdos de la paz, en la implementación de las acciones ambientales que el posconflicto demande, mediante alianzas que surjan del trabajo conjunto entre las organizaciones ambientales y los entes nacionales, regionales o locales, y las organizaciones internacionales y ciudadanas.
  • Ratificar nuestro compromiso con el Sí al Plebiscito, convocando a las plataformas ambientales y climáticas del país, al Encuentro “SÍ AMBIENTAL”.
  • Construir colectivamente, con organizaciones académicas, ambientales, ciudadanas, gremiales y colectivos étnicos y generacionales, propuestas para la Agenda Ambiental 2030 del posconflicto.
Agradecemos desde nuestros corazones a quienes durante largos meses han conformado los equipos negociadores de este proceso de construcción de Vida, a los países garantes y a todos los sectores y actores políticos, sociales y económicos, nacionales e internacionales, que seguirán apoyando el proceso.

La Habana, agosto 12 de 2016

domingo, abril 15, 2018

Cuando se le respetan los derechos al Agua...


Cuando se le respetan los derechos al Agua (al cauce, a fluir, a la ronda, a la cobertura vegetal, a la biodiversidad, a ser absorbida por el suelo), se conserva la capacidad de autorregulación de las quebradas...
 Fotos: Quebrada Chicó, hoy
... y se reduce la posibilidad de que sucedan fenómenos como este: 
Fotos: Avenida Circunvalar Norte-Sur
Noviembre 30, 2017

El comercio, Lima - Marzo 30, 2017

domingo, junio 05, 2016

LOS DERECHOS DEL AGUA Y LAS CONSECUENCIAS DE NO RESPETARLOS

La mayoría de los ríos y quebradas que se desbordan son rebeldes sin cauce

A raíz del desastre que en este momento está afectando a varias regiones del Perú, incluyendo a Lima, el Callao y sus alrededores, publico aquí fragmentos tomados de varios textos de mi autoría relacionados de una u otra manera con el tema. Invito a analizar desde esta óptica las noticias que nos están llegando a través de los medios, especialmente las fotografías y videos que, al tiempo que muestran el dramatismo de la situación y el sufrimiento que está causando en las comunidades peruanas, permiten dilucidar qué factores de vulnerabilidad se han sumado a los fuertes aguaceros para generar el desastre

Desde que tomé esta foto en 2014 me ha llamado la atención que, a pesar de la canalización a que ha sido sometido, el río Rimac ("Hablador" en quechua)conserva la memoria de sus meandros

En esta foto reciente publicada por Perú.com aparece el mismo Rimac desbordado e inundando el paso subterráneo que llaman "evitamiento"
Videos en Perú.com

Me ha parecido especialmente revelador este video de Noticias Caracol, en el cual se ve cómo el cauce por donde avanza el huayco (avalancha o más precisamente "flujo de lodo") se encuentra ocupado por camiones y personas. Este podría ser un ejemplo concreto de violación al Derecho al Cauce, de lo cual vemos con lamentable frecuencia varios casos en Colombia. 

Introducción
Tras mi experiencia en el terremoto del Eje Cafetero, escribí una propuesta con una lista de "Derechos de personas y comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres". Uno de esos derechos, el número 11, expresa mi convicción de que

Las personas y comunidades afectadas por desastres, al igual que los ecosistemas con los cuales éstas interactúan, tienen derecho a que la voz de la naturaleza sea escuchada en la toma de las decisiones que determinarán el rumbo de los procesos de recuperación, reconstrucción y desarrollo, de manera tal que los mismos avancen hacia la construcción de unas relaciones sostenibles entre las comunidades y su entorno.

Los derechos de la Naturaleza

Cuando hablamos del derecho humano a que la Naturaleza sea consultada y participe de manera efectiva cuando se tomen decisiones que puedan afectar el territorio, estamos reconociendo que esos otros seres -el agua, los suelos, el clima, la biodiversidad, los ecosistemas, los volcanes, etc.- no son objetos alrededor de los cuales los seres humanos decidimos y negociamos, sino sujetos que poseen la condición de actores decisorios del territorio y que en su mayoria están allí desde mucho tiempo antes de que apareciéramos los seres humanos.
Cuando el fenómeno de El Niño 1997-1998, la creciente del río Piura arrasó con el puente en Tambo Grande. Como consecuencia aparecieron los "Camareros", personas que trasladan gente, animales y bienes a través del río en "Cámaras" (neumáticos)



Los derechos del agua

Aterrizamos todas las reflexiones anteriores en el continuum gestión ambiental – gestión del riesgo -gestión climática, a través de los derechos del agua. Si dentro de la concepción antropocéntrica resulta difícil concebir que un animal no-humano pueda ser sujeto de derechos, mucho más lo será aceptar que pueda serlo una cosa como el agua.

El agua, sin embargo, no entra en esa discusión filosófica-jurídica sino que, como cada día resulta más evidente, simplemente pasa a reclamar sus derechos a las malas cuando estos le han sido violados.

Cada vez que ocurre un desastre de origen hidro-meteorológico -esto es: relacionado con el clima o el agua- basta preguntarse qué derecho fundamental le ha sido violado al agua, y aparece claramente la causa del desastre.
Foto El Comercio

La siguiente es una posible lista de los derechos del agua, en cada uno de los cuales identificamos las consecuencias que puede tener para los seres humanos la violación de esos derechos (Los párrafos que siguen pertenecen a un trabajo que hice con el Instituto Humboldt sobre humedales, gestión del riesgo y adaptación[1]).

Es muy importante tener en cuenta que los derechos que aquí enunciamos son interdependientes entre sí, como también somos interdependientes los seres humanos con relación a otras especies que de una u otra manera están vinculadas a los humedales y demás ecosistemas. Algunas especies forman parte del humedal de manera permanente y otras, como las aves migratorias, se vinculan a él de manera temporal. De cualquier manera, la existencia de esas especies vegetales y animales son un indicador de calidad, integridad y biodiversidad del humedal. Y así mismo, la desaparición de esas especies es un indicador de que se están perdiendo esas condiciones, lo cual debe entenderse como una ALERTA para las comunidades humanas. Resiliencia e interdependencia son dos palabras inseparables


1- Derecho a existir: se relaciona con la obligación de garantizar la continuidad de ciclo hidrológico, fuera del cual no puede entenderse ni sostenerse el agua.

La principal consecuencia de no respetarle al agua ese derecho, es que los seres vivos, incluidos los humanos, no podemos ejercer nuestro derecho al agua, con lo cual se ven afectadas las posibilidades de ejercer plenamente el derecho a la vida con calidad y dignidad y todos los demás derechos que de él se deriva.

En el caso de los humedales este derecho se expresa también como derecho a la recarga:

Normalmente el agotamiento o desvío de las fuentes de agua que recargan el humedal es una de las principales causas para que estos desaparezcan.

Una sequía prolongada también puede afectar gravemente el humedal, pero si este conserva su integridad y biodiversidad, probablemente su resiliencia le va a permitir resistir con menos traumatismos la carencia de lluvias.

Recordemos que hay cuatro fuentes y reservas de agua para los territorios: las aguas superficiales, las subterráneas, las atmosféricas, y aquellas almacenadas en la biosfera, como la humedad del suelo y la que guardan(mos) las especies en la biomasa.

El humedal depende del ciclo de agua y el ciclo de agua depende del humedal: evapotranspiración, recarga de acuíferos, alimentación de ríos y quebradas que nacen en el humedal, captura de CO2, etc. [2]
















2-    Derecho a no ser contaminada: se relaciona con la obligación de mantener su calidad en las condiciones en que se requiere para que puedan hacer uso adecuado de ella los seres vivos, incluidos los seres humanos.

La principal consecuencia de no respetarle al agua ese derecho es la misma que en el caso anterior: no podemos ejercer nuestro derecho a hacer uso de ella, y si lo hacemos generamos riesgos para la salud y la vida. Si las plantas o animales que nos sirven como alimento a los humanos no tiene acceso al agua con calidad adecuada, indirectamente sufrimos las consecuencias.

      
3- Derecho al cauce y derecho a expandirse en temporadas de lluvia: se relacionan con la obligación de garantizarle al agua los espacios necesarios para existir y para fluir, el cual es otro de sus derechos fundamentales.Cuando al agua se le conculcan estos derechos, se producen desbordamientos y avalanchas o avenidas torrenciales, procesos a través de los cuales el agua los recupera a la fuerza.  Si al agua se le ha violado el derecho a la ronda (zonas de expansión en sus orillas) a través de su ocupación para usos humanos permanentes (vivienda, escuelas y otras obras de infraestructura) se producen desastres cuando el agua entra a recuperar sus espacios.

Si el derecho a expandirse se restringe con jarillones o muros que resisten el embate del agua, esta debe expandirse cauce abajo generando en ese lugar el desastre.

En el caso de los humedales se expresa como derecho a un espacio pulsante en el territorio – derecho a la ronda

El humedal es un organismo que existe y pulsa en el espacio-tiempo

Este espacio pulsante es el humedal mismo. El humedal es un organismo vivo que no admite una delimitación en el sentido estricto de la palabra, sino que pulsa en el espacio-tiempo dependiendo de las condiciones hidrometeorológicas que influyen sobre el territorio y que determinan su extensión y sus otras dinámicas. La ronda (u orillas) del humedal es el dobladillo que ese organismo tiene para expandirse en temporadas de lluvias intensas sobre el lugar mismo o en el territorio de los cuerpos de agua que alimentan el humedal.

¿Qué pasa cuando se les violan esos derechos a los cuerpos de agua y particularmente a los humedales?

El territorio pierde resiliencia y capacidad de amortiguación de aguas excesivas en temporadas de lluvias, que pueden generar desastres como los que ocurrieron en 2010-2011 en muchos lugares de Colombia cuando el fenómeno de La Niña y que no se explican solamente por la intensidad de las lluvias sino especialmente por la vulnerabilidad construida de los territorios afectados.

Cuando hay viviendas construidas en territorio del humedal, con criterio de CULTURA ANFIBIA (por ejemplo: palafíticas o flotantes), la inundación no genera desastres, siempre y cuando no exceda el rango cultural de adaptación.

En cambio, si se invaden con infraestructura no anfibia los espacios que el humedal se ha pedido para sí mismo, se generan desastres.

En este caso no se pueden separar rio y humedal como si fueran dos entidades distintas, sino que conforman una unidad. El humedal es el “dobladillo” del río.

4. Derecho a ser absorbida por el suelo: la absorción del agua por el suelo forma parte integral del ciclo del agua. Cuando el suelo se sella con pavimento u otros materiales impermeables, al agua no le queda opción distinta que correr por la superficie, especialmente si, como sucede en lugares como la ciudad de Barranquilla, no existe un sistema de alcantarillado que le garantice al agua su derecho a fluir y a llegar a un lugar en donde pueda desembocar, cruzando por debajo del suelo.
Los llamados “arroyos” que afectan con frecuencia a Barranquilla son una expresión manifiesta de que al agua se le violan simultáneamente los derechos a fluir, a expandirse, a ser absorbida por el suelo y a llegar a un lugar en donde pueda desembocar tranquilamente. En esa ciudad la mayoría de los humedales con que contaba el agua para expandirse antes de llegar al río Magdalena, yacen hoy sepultados bajo la costra urbana.

Una gestión ambiental- gestión del riesgo- gestión climática llevada a cabo con enfoque de derechos que trascienda los intereses meramente humanos (pero sin desconocerlos) resultará más efectiva si tiene en cuenta los derechos del agua y si quien la concibe y lleva a cabo es capaz de ponerse en los zapatos del agua.
Lo mismo es válido frente a otros componentes no humanos del territorio, como son las laderas (que tienen derecho a que se les garanticen las condiciones necesarias para mantener una relación armónica con las aguas lluvias, superficiales y subterráneas son pena de generar deslizamientos), con la biodiversidad (que tiene derecho a la existencia y a establecer interacciones entre especies que eviten que algunas se conviertan en plagas), con los suelos (que a través de la aridez y la erosión cobran las violaciones a sus derechos), etc.

Conclusión (parcial)

La gestión del riesgo con visión territorial y enfoque de derechos, se convierte en la práctica en la mejor escuela para el aprendizaje de lo que en la teoría y en la práctica constituye esa ética ecocéntrica-biocéntrica que puede salvar a la especie humana de su desaparición del planeta.

El desafío de aprender a respetar los derechos de la Naturaleza, incluidos de manera muy especial los del agua en todos sus estados, implica a su vez los desafíos de reconocer, interpretar y hacer caso a las señales que de manera permanente y cada vez con mayor claridad, nos están enviando los distintos componentes de la biosfera, de los cuales forman parte también el clima y el tiempo atmosférico.

Los diálogos de saberes entre el saber científico-académico y el saber científico-tradicional comunitario, el reconocimiento y desarrollo de bio-indicadores, el fortalecimiento de formas no convencionales de conocimiento e interacción con el mundo, constituyen herramientas conceptuales y estrategias prácticas para asumir las tareas que nos corresponden como actores conscientes de la existencia de una crisis civilizatoria, que podemos contribuir a transformar positivamente si somos capaces de aliarnos y de poner la razón humana al servicio de las estrategias que le han permitido a la Vida superar otras crisis y mantenerse en este planeta durante casi cuatro mil millones de años.

Tenemos el derecho a que la Naturaleza sea consultada por las buenas cuando se vayan a tomar decisiones humanas, pero así mismo tenemos el deber de descubrir cómo consultarla de manera honesta, humilde y efectiva.


Libro de La Red sobre Gestión Radical del Riesgo basado en análisis de El Niño Oscilación Sur

La Región Hídrica del río Bogotá: por una cultura anfibia



[1] Gustavo Wilches-Chaux, “Los principales derechos de los humedales… que si se violan se generan condiciones para que ocurran desastres”. Documento para el Instituto Alexander von Humboldt (Bogotá, 2016)

[2] Ibídem