La Gestión del Riesgo en escenarios de conflicto armado
Nota introductoria de Febrero 21 de 2025:
Subo hoy este artículo escrito en 2008, no sin lamentar que casi dos décadas después no solamente sigan vigentes las reflexiones que aquí se comparten, sino que las codiciones generadas por desastres de origen natural -particularmente las relacionadas con la crisis climática- trenzadas estrechamente en muchos casos, con el conflicto armado, sean hoy mucho peores que las que existían cuando el artículo se escribió.
De acuerdo con un artículo publicado en El Espectador el pasado 17 de Febrero, "La crisis humanitaria en Catatumbo refleja la problemática que azota otras regiones como Chocó, Cauca, sur de Bolívar y Nariño. Más de 55.000 personas han sido desplazadas en lo que va del 2025."
Y así como esa cifra de desplazamientos sigue creciendo todos los días, también lo son las estadísticas que hacen referencia a los asesinatos de líderes y liderezas; reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales; emergencias humanitarias por acciones de gruos armados ilegales y otros flagelos productos de la guerra.
Mientras tanto, como ya se dijo, aumentan también los desastres desatados por extremos climáticos.
Ese panorama desolador implica entender que el continuum Gestión Ambiental - Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Climática no constituye solamente un desafío académico ni una cuestión tecnocrática, sino un requisito ineludible para la habitabilidad del territorio colombiano y para que los ecosistemas y los seres humanos que formamos parte de él podamos ejercer efectivamente el Derecho a la Vida con calidad y dignidad.
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La Gestión del Riesgo en escenarios de conflicto armado
Resulta obvio que además de las dificultades propias de la gestión participativa del riesgo [1] en condiciones “normales” (tales como el predominio de un modelo de desarrollo generador de riesgos, la ausencia de voluntad política por parte de las autoridades y en general de los encargados de tomar decisiones, la falta de motivación, de organización y de participación de los actores de la sociedad civil, la ausencia o baja jerarquía del tema en las agendas gubernamentales, políticas y sociales, la insuficiencia de recursos, etc), en condiciones de conflicto armado se incrementan el número y la complejidad de esas dificultades.
El objetivo de este documento es invitar a la reflexión sobre las posibilidades y las limitaciones para gestión participativa del riesgo en escenarios caracterizados por la violencia y particularmente por el enfrentamiento entre actores armados, en medio de los cuales queda atrapada la población civil; al igual que en escenarios y territorios que, en los hechos, se encuentran bajo el control de actores armados por fuera de la ley.
Así mismo se invita a explorar, así sea de manera superficial, las posibilidades que eventualmente podría ofrecer la gestión participativa del riesgo (entendida como una expresión de la gestión ambiental participativa) como un tema de encuentro entre sectores sociales e institucionales enfrentados, y en consecuencia como un “germen de futuro” para la construcción de la paz.
Pese a lo anterior, tanto en
La gestión del riesgo
Para efectos de este documento vamos a entender la gestión del riesgo, de manera general, como una expresión (e incluso como un sinónimo) de la gestión ambiental para el desarrollo sostenible, es decir, como el conjunto de decisiones y de acciones que una sociedad debe tomar para evitar que la dinámica de la naturaleza se convierta en una amenaza contra las comunidades humanas, y que la dinámica de las comunidades humanas se convierta en una amenaza contra los ecosistemas.
En términos más específicos, se considera la gestión del riesgo como el conjunto de actividades organizadas que realizamos con el fin de reducir o eliminar los riesgos o hacer frente a una situación de emergencia en caso de que esta se presente.
La gestión del riesgo comprende distintas dimensiones (y actividades), desde la planificación del desarrollo de manera que incorpore como un elemento intrínseco del mismo la prevención, reducción o, de ser posible, eliminación de las amenazas existentes en el entorno, y la reducción de los factores de vulnerabilidad de los ecosistemas y las comunidades frente a esas amenazas, hasta la preparación para responder mejor a las emergencias, la respuesta misma cuando estas se presentan, y las actividades de mediano y largo plazo posteriores a la ocurrencia de un desastre, tales como la recuperación, la reubicación de comunidades, la restauración de ecosistemas afectados, la reconstrucción de la infraestructura y de la “normalidad” perdidas, la planificación y “ejecución” del desarrollo sostenible, etc., etc.
Uno de los propósitos que perseguimos con este documento, es reflexionar sobre si verdaderamente es posible llevar a cabo una verdadera gestión integral y participativa del riesgo, que incluya las actividades de prevención de amenazas, mitigación de factores de vulnerabilidad, preparación para la respuesta, reconstrucción y planificación del desarrollo sostenible; o si en el mejor de los casos a lo más que podemos aspirar es a una adecuada preparación y respuesta en caso de emergencias o desastres.
Esto, sin lugar a dudas, nos haría retroceder a la concepción estrecha según la cual la gestión del riesgo se limitaría a lograr una adecuada respuesta en caso de emergencias o desastres (es decir: que la limita a una adecuada planificación y actuación en el terreno logístico), dejando de lado todos aquellos aspectos que tienen que ver con la reducción de la “vulnerabilidad global” de las comunidades en situaciones de riesgo.
Sin embargo, en términos realistas, no le podemos pedir a la gestión del riesgo que en los escenarios de conflicto armado se haga cargo de una serie de problemas, la mayoría de los cuales son estructurales, cuya solución depende de la acción concertada de una serie de actores institucionales y sociales, y de una serie de decisiones de política nacional (y muchas veces internacional) que, si bien son posibles y algún día tendrán que tomarse para que verdaderamente podamos acceder a la paz, escapan al ámbito limitado de nuestro objetivo.
La gestión del riesgo como gestión ambiental para el desarrollo sostenible
En su dimensión ideal, la gestión del riesgo (al igual que la gestión ambiental para el desarrollo sostenible) debe intentar eliminar o reducir las amenazas cuando ello sea posible (y lo es cuando en la generación de las mismas intervienen de manera decisoria las actividades humanas), al igual que intentar reducir o eliminar los factores de vulnerabilidad, de manera tal que se fortalezca la capacidad del tejido social para “aguantar un balonazo”, ya se trate de la ocurrencia de un fenómeno natural (como un terremoto o una erupción volcánica), de un fenómeno socio-natural (como una inundación o un deslizamiento causado por el manejo inadecuado de una cuenca hidrográfica o de una ladera), o por un fenómeno de origen claramente antrópico, como un ataque armado o una crisis económica por el derrumbe de los precios de un determinado producto en los mercados o por la quiebra en cadena de las instituciones financieras.
Las complejas interconexiones entre los distintos factores de vulnerabilidad/sostenibilidad (ver gráfica número 1) constituyen una “telaraña” que entendemos como sinónimo de “tejido social”. Como ya dijimos, la resistencia del mismo para “aguantar el balonazo” (resistencia) o para recuperarse después de ocurrido (resiliencia), constituyen la sostenibilidad del sistema comunidad/naturaleza.
Sin lugar a duda alguna, la amenaza que más desastres provoca en Colombia (en términos de pérdida de vidas y oportunidades, y en muchos casos en términos de pérdidas económicas y de infraestructura), es la violencia y en particular el conflicto armado, especialmente cuando este se expresa en ataques a poblaciones civiles desarmadas, en el secuestro como forma de presión política o como fuente de ingresos, o en enfrentamientos en medio de los cuales quedan atrapadas la población civil, su hábitat y sus medios de producción y subsistencia. O cuando conduce a esa forma de pérdida de la “seguridad territorial” de una comunidad que es el desplazamiento forzado.
En este caso particular no funciona el esquema según el cual para que una amenaza se convierta en riesgo es necesario que confluya con una situación de vulnerabilidad (AMENAZA X VULNERABILIDAD = RIESGO), ni la definición según la cual el “desastre es igual a un riesgo no manejado”, pues la violencia constituye de por sí -y de manera simultánea- una amenaza, una vulnerabilidad, un riesgo y un desastre.
El principal factor de insostenibilidad de una comunidad es la guerra y en consecuencia el principal objetivo de largo plazo de la gestión del riesgo y de la gestión para el desarrollo sostenible, debe ser la obtención de una paz cimentada sobre bases objetivas y subjetivas reales y duraderas.
Sin embargo, como dijimos antes, y para no caer en el círculo inmovilizador según el cual mientras no exista paz no podemos hablar de desarrollo sostenible y mientras no cambie el modelo de desarrollo no podemos hablar de paz, es necesario explorar qué campo de acción está disponible –o se le puede abrir- a la gestión del riesgo, y de que manera, desde ese “germen de futuro” se puede contribuir al direccionamiento y fortalecimiento de procesos de más largo plazo con miras a la construcción de paz y sostenibilidad.
Lo anterior sin olvidar lo que se dijo de manera expresa al principio de este documento, en el sentido de que las acciones militares tendientes al control del “orden público”, tienen unos responsables propios en la estructura del Estado.
Las posibles contribuciones de la gestión del riesgo a la “seguridad ciudadana” se pueden encontrar en los “mapas” siguientes.
Gráfica # 2
La participación en la gestión ambiental tiene la posibilidad de contribuir a la que se ha denominado "desbarbarización de la sociedad", a través de la cual "pueda hacerse visible la potencialidad de la concertación como estrategia a través de la cual todos podríamos ganar, con la condición de que los distintos y distantes se reconozcan en sus derechos e intereses y estén en disposición de ceder parte de sus demandas inmediatas en aras de acuerdos estratégicos e intereses comunes de largo plazo (...) La participación dentro de este marco sería sinónimo de integración e inclusión de todos en la construcción de una sociedad viable para todos." [3]
No se debe perder de vista el “mapa general” de la gestión del riesgo, de manera tal que toda decisión que se tome y toda acción que se ejecute, constituyan en lo posible, escalones por los cuales se pueda avanzar hacia una gestión del riesgo más integral, es decir, hacia la construcción futura de unas condiciones que verdaderamente contribuyan a la sostenibilidad de las relaciones entre grupos humanos y entre estos y los ecosistemas de los cuales forman parte.
En vista del panorama descrito y de la imposibilidad de que desde la gestión del riesgo (en sentido restringido) se puedan llevar a cabo los cambios que requiere el modelo de desarrollo para tender hacia la sostenibilidad, debemos concluir que muy posiblemente sea necesario limitarnos por ahora a establecer los “principios orientadores” y las estrategias necesarias para garantizar que, ante un desastre inminente en zonas de conflicto armado, se puedan proteger en lo posible los derechos fundamentales de los pobladores de esas zonas (empezando por el derecho a una vida con calidad y dignidad), al igual que sus propiedades y sus medios de producción.[4]
Lo anterior sin perder de vista el “mapa general” de la gestión del riesgo, de manera tal que toda decisión que se tome y toda acción que se ejecute, constituyan en lo posible, escalones por los cuales se pueda avanzar hacia una gestión del riesgo más integral, es decir, hacia la construcción futura de unas condiciones que verdaderamente contribuyan a la sostenibilidad de las relaciones entre grupos humanos y entre estos y los ecosistemas de los cuales forman parte.
Es decir, que nos
encontramos ante el reto de otorgarle sentido global y de largo plazo a
las actividades puntuales, sin que por ello, necesariamente, tengamos que
pedirles que produzcan efectos globales.
Los “equilibrios precarios” en las zonas de conflicto armado
En las zonas de conflicto armado las comunidades lograr sobrevivir con base en una serie de “equilibrios precarios” con los agentes armados por fuera de la ley, al igual que con las fuerzas militares y de policía pertenecientes al Estado.
Las comunidades sólidamente organizadas (como las comunidades indígenas, varias comunidades campesinas y algunas urbanas), logran “mantener a raya” a los actores armados, entre otras formas, evitando alinearse con cualquiera de ellos y haciendo valer su autonomía. Pese a lo anterior, no existe comunidad alguna que, a pesar de haberse autodeclarado como “comunidad de paz” o similar, se encuentre libre del conflicto o que no haya pagado esa decisión de autonomía con la vida de muchos de sus líderes.
Un primer “principio orientador” que proponemos, es que la gestión del riesgo en zonas de conflicto armado debe evitar, en lo posible y de manera conciente, que se alteren esos “equilibrios precarios” como consecuencia de la intervención de agentes externos en la zona de conflicto, ya sea antes o después de la ocurrencia de un evento capaz de desencadenar un desastre. [5]
La gestión del riesgo en cualquiera de sus expresiones, debe tener como objetivo fortalecer la autonomía de las comunidades y en general de los actores locales, no entendida esa autonomía de manera teórica o genérica, sino en las condiciones reales y concretas de cada comunidad específica frente a los actores armados. La DGPAD ha establecido protocolos que buscan evitar que las intervenciones externas en un escenario de desastre, en lugar de fortalecer a los actores locales los debiliten o suplanten. En el caso de las intervenciones en zonas de conflicto armado esos protocolos y los principios que los inspiran, adquieren especial importancia.
Como un corolario de lo anterior, encontramos otro “principio orientador”, consistente en que si la gestión del riesgo no logra solucionar o reducir los conflictos existentes en la zona, por lo menos debe intentar no profundizarlos. Un ejemplo de esto fue la política adoptada por la Corporación NASA KIWE después del terremoto del Páez, en el sentido de no comprar para las comunidades que necesitaban reubicación, tierras que estuvieran siendo solicitadas por otras comunidades indígenas o campesinas de la región, aún cuando el INCORA no tuviera la compra de esas tierras dentro de sus planes. Aunque en este caso no se trataba de un escenario de conflicto armado, sí se han dado casos en el Cauca de enfrentamientos sangrientos entre comunidades indígenas, cuando el gobierno adquiere para una comunidad un predio que venía siendo solicitado por otra.
Ver: Estrategias institucionales y comunitarias para responder al desastre de Páez en 1994 - YouTube
La gestión del riesgo como acción humanitaria
Una de las razones por
las cuales resulta especialmente útil e interesante la iniciativa de
Debido a lo anterior, es necesario aplicar por extensión los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los distintos instrumentos internacionales que contienen y desarrollan el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el cual se fundamenta en la convicción de que “los principios humanitarios deben prevalecer incluso en épocas de conflicto armado”. [6]
De acuerdo con lo anterior, consideramos que ponerle obstáculos a la protección de la población civil que pueda resultar o que de hecho resulte afectada por un desastre, equivale a una infracción al Derecho Internacional Humanitario, equivalente a infringir cualesquiera de las prohibiciones que el DIH les establece a los actores armados con respecto a la población civil. [7]
1.
La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra
los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta
protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.
2.
No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles.
Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal
sea aterrorizar a la población civil.
3.
Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo
si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal
participación.
Artículo 14. Protección de
los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil
Queda
prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles.
En consecuencia, se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin
los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales
como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las
cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras
de riego.
Artículo
15. Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
Las
obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las presas, los
diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de
ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir
la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas
importantes en la población civil.
Artículo
16. Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto
Sin
perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de
1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado,
queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos
históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el
patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del
esfuerzo militar.
Artículo
17. Prohibición de los desplazamientos forzados
1.
No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las
personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera
que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población
civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad,
higiene, seguridad y alimentación.
2. No se podrá forzar a las
personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con
el conflicto.
¿Qué sucede si, por ejemplo, un actor armado obstaculiza el suministro de ayuda humanitaria a la comunidad afectada por un desastre o impide las acciones que adelanta el Estado para poner a salvo a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad frente a una amenaza determinada?
¿Qué sucede si un actor armado obstaculiza acciones de mantenimiento necesarias para garantizar la estabilidad de una determinada obra de infraestructura (como una presa para generación hidroeléctrica), cuyas fallas pueden constituir una fuente de amenazas?
¿Qué “cuidados” especiales requiere la decisión de evacuar una comunidad de una zona de riesgo, cuando entre las causas del conflicto armado está el interés de uno de los bandos de apoderarse de ese mismo territorio? [8]
Por otra parte, los actores armados de la guerra en Colombia deberán acoger y observar la “Convención sobre prohibición de usos militares y de uso hostil de cualquier técnica de modificación ambiental” (ENMOD) [9], así como los “protocolos adicionales” de la Convención de Ginebra, en virtud de los cuales se prohibe la utilización de medios de guerra dirigidos a causar daños severos, extendidos y con efectos de largo plazo sobre el medio ambiente natural. Estas normas también forman parte del Derecho Internacional Humanitario.[10]
En el ejercicio de la gestión del riesgo y particularmente en acciones de preparación y de respuesta, deberán observarse disposiciones del DIH como la que prohibe la utilización de símbolos como la Cruz Roja para realizar acciones que no sean humanitarias, precisamente como uno de los medios de garantizar que se cumpla la obligación que tienen los actores armados de respetar al personal médico y paramédico y a los funcionarios y trabajadores de los organismos humanitarios y de socorro. Es decir, que en ningún momento puede darse lugar a confusiones entre las acciones humanitarias y las acciones armadas tendientes a conservar el orden público, así estas se lleven a cabo en ejercicio de la soberanía del Estado y con pleno cumplimiento de las normas vigentes.
Cuando en Colombia se ha presentado la necesidad de atender un desastre en una zona de conflicto armado o que en términos reales se encuentre bajo el dominio de un actor por fuera de la ley, en la práctica se ha establecido una especie de “acuerdo tácito” en virtud del cual ese actor “se hace a un lado” temporalmente mientras duran las acciones de respuesta, e incluso mientras se llevan a cabo acciones de recuperación y de reconstrucción, sin renunciar a ese dominio. Por el contrario, se mantiene “vigilante” de las acciones que se llevan a cabo y les hace saber por distintos medios a quienes intervienen desde afuera, que su presencia en la zona es permanente.
Los actores externos, por su parte, saben que “la entrada” a la zona y la seguridad de su personal, dependen de que previamente se obtenga la autorización del actor ilegal armado y de que este se mantenga informado en detalle de las actividades que están siendo llevadas a cabo. La transparencia y la publicidad de los objetivos de cualquier actividad propia de la gestión del riesgo, constituyen requisitos tanto para el éxito de la misma, como para la seguridad de quienes la ejecutan. Quienes adelantan actividades de campo en zonas de conflicto armado, saben que no pueden manejar “discursos distintos” dependiendo de con quién se encuentren, sino que deben exponer de manera clara los objetivos de su presencia –y de la presencia de la institución que representan- en un determinado lugar.
Como se anotó anteriormente, cuando las comunidades locales están fuertemente organizadas y ejercen control real sobre el territorio, aún cuando este sea escenario de enfrentamientos armados (como es el caso de las comunidades indígenas, de muchas comunidades campesinas y de algunas urbanas), la principal protección para el personal externo proviene de esas mismas comunidades. En la práctica la “legitimidad” de un actor externo gubernamental o no gubernamental para trabajar en una región determinada, se deriva del reconocimiento y aceptación que le otorgue la comunidad local, y de la “seguridad” que esta esté en condiciones de ofrecerle frente a los actores por fuera de la ley. Esto lo saben perfectamente quienes por cualquier razón (y no solamente en actividades de gestión del riesgo), realizan trabajos de campo en zonas de conflicto armado. [11]
Para el caso de la gestión del riesgo y particularmente de las actividades de preparación y de respuesta en caso de desastre, posiblemente resulte más conveniente por ahora mantener ese statu quo según el cual si bien no se les reconoce oficialmente legitimidad a los actores armados por fuera de la ley, sí se reconoce su existencia real y su capacidad para imponer su dominio en un determinado territorio. Esto equivale al reconocimiento de esos “equilibrios precarios” a los cuales hicimos referencia en otra parte de este texto.
Lo anterior no obsta para que desde el Estado y desde la sociedad civil, se les exija a los actores armados que cumplan rigurosamente el Derecho Internacional Humanitario, no exclusivamente para efectos de la gestión del riesgo sino, en general, en todas sus actuaciones en los escenarios del conflicto.
De allí la importancia de que tanto quienes se dedican a la gestión del riesgo en cualquiera de sus dimensiones o etapas, como la comunidad en general, conozcan el DIH y se apropien de él como lo que es: una conquista histórica de la humanidad en favor de los Derechos Humanos. El objetivo del Derecho Internacional Humanitario es que se respeten los Derechos Humanos aún en situaciones de guerra. Cuando afirmamos que el DIH constituye una conquista de la humanidad, no nos referimos a una humanidad en abstracto, sino a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que, como en el caso de Colombia, en una u otra forma resultamos afectados por la guerra.
Uno de los objetivos de la gestión del riesgo en todas sus dimensiones o fases debe ser el fortalecimiento de la autonomía local, al igual que uno de los objetivos –quizá el principal- de la gestión ambiental para el desarrollo sostenible, debe ser la recuperación y el fortalecimiento de la homeostasis o capacidad de autorregulación de los ecosistemas. De hecho, cuando hablamos de autonomía local, nos referimos a la capacidad de autorregulación y a la sostenibilidad global del sistema comunidad y del sistema naturaleza-comunidad.
En las zonas que no son de conflicto armado y en donde existe una verdadera presencia y “soberanía” institucional, es claro que el núcleo de esa autonomía local es el gobierno municipal en cabeza del alcalde, quien a su vez preside el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres en los términos de fija la ley. Fortalecer a los actores locales significa fortalecer la autoridad municipal, y fortalecer las organizaciones de la comunidad, al igual que fortalecer su cultura, su identidad, su capacidad de comprender y de convivir en armonía con el entorno, en fin, fortalecer todos aquellos hilos de la telaraña que dibujamos en la gráfica número 1. Más allá de cualquier otra consideración, el objetivo de la gestión del riesgo debe ser el fortalecimiento de las instituciones legítimas, estatales o comunitarias. La creación de organizaciones paralelas y “de bolsillo”, que les resulten funcionales a los actores externos pero que debiliten los procesos endógenos de las comunidades, acaban por debilitar el tejido social y en consecuencia, hacen más vulnerable a la comunidad.
En las zonas de conflicto armado se presentan dificultades especiales, pues si bien el objetivo sigue siendo el fortalecimiento de los actores locales para que estén en capacidad de asumir de manera más activa y eficaz el protagonismo de la gestión del riesgo, muchas veces esos actores locales no se encuentran en condiciones para hacerlo. Tal es el caso de los municipios cuyos alcaldes y concejales gobiernan desde el exilio como consecuencia de las amenazas de los actores armados y en general, de las zonas en donde la comunidad busca mantener el más bajo perfil posible como estrategia de supervivencia.
En estos casos la tentativa de constituir un comité local para la prevención y atención de desastres con las mismas características de los que operan en zonas exentas de guerra, no solamente sería inútil, sino que expondría al promotor de la iniciativa y a quienes eventualmente asumieran ese reto a alejarse de esos que hemos denominado “equilibrios precarios” en virtud de los cuales logran su supervivencia.
En las zonas de conflicto armado, sin embargo, existen múltiples formas de organización de la sociedad civil surgidas de manera orgánica y endógena como mecanismos de superación de las dificultades que se oponen a la vida. Tal es el caso de los movimientos de resistencia ciudadana existentes en muchas comunidades indígenas y campesinas de Colombia; de las organizaciones de mujeres empeñadas en hacer posible la cotidianidad en medio de la guerra; de las múltiples experiencias de educación a través de las cuales la comunidad educativa (docentes, padres y madres de familia, estudiantes, autoridades locales, organizaciones no gubernamentales) se empeñan en defender el derecho a la educación de sus hijos e hijas; de los movimientos tendientes a garantizar la seguridad alimentaria (y a partir de allí la seguridad territorial) de muchas comunidades que padecen de manera permanente la amenaza del desplazamiento, en fin, de la enorme cantidad de experiencias surgidas y sostenidas desde la base misma de la sociedad, gracias a las cuales, a pesar de la guerra, ni el país naufraga ni se da por perdida la esperanza.
En esos casos, nuestro papel es aportarles a esas comunidades la gestión del riesgo como una herramienta que les permita fortalecerse y que les contribuya a enfrentar de manera más eficaz los retos cotidianos.
Con toda seguridad, dichas comunidades se van a dar cuenta de que lo que hacen diariamente es, precisamente, gestión participativa del riesgo. La prueba de su eficacia es que logran permanecer allí y seguir luchando y resistiendo a pesar de las múltiples amenazas y de los riegos consecuentes. Y que logran recuperarse de los desastres que los azotan, tales como la destrucción de los pueblos o el asesinato de los líderes.
Es decir, que a esas comunidades no les estaríamos enseñando nada nuevo, sino ayudándoles a hacer conciencia y a sistematizar y fortalecer una serie de estrategias que ellas mismas han desarrollado. Repito lo que escribí hace varios años en un libro, en el sentido de que el objetivo de la educación ambiental no es necesariamente que la gente sepa cosas nuevas, sino que la gente sepa que sabe. Que haga conciencia de lo que sabe y del enorme conocimiento acumulado en la memoria colectiva.
Magnífico si ya existe o es posible contribuir a conformar un comité local para la prevención y atención de desastres en municipio en zona de conflicto armado. Pero si no existen las condiciones que lo permitan, lo importante es “sembrar en el ambiente” la semilla de la gestión del riesgo, que ella misma se encargará de encontrar y germinar en suelo fértil. Aún cuando no sea posible establecer un comité local para la prevención y atención de desastres con todas las características formales que la ley establece, deben buscarse espacios más o menos formales que asuman esos mismos objetivos y que además faciliten la comunicación entre las comunidades y el Estado. De allí la importancia de que en esos espacios participen tanto representantes de la sociedad civil como de las instituciones del Estado presentes en la zona. En los “mapas” de sostenibilidad y de “seguridad” que incluimos en este documento, aparecen claramente los vínculos entre las organizaciones comunitarias y las instituciones, como parte integral de ese tejido del cual dependen la sostenibilidad y la seguridad de una sociedad.
Es posible que la necesidad de enfrentar de manera colectiva una amenaza que puede afectar por igual a distintos sectores de una misma comunidad, o de responder adecuadamente a los retos de un desastre que de una u otra manera ha caído sobre toda la población, contribuya a establecer lazos de comunicación entre actores y sectores sociales enfrentados. En un libro recientemente publicado, Jürgen Habermas le afirma a su entrevistadora Giovanna Borradori, que “la espiral de violencia comienza con una espiral de la comunicación perturbada que –a través de la desconfianza recíproca no dominada- conduce a la interrupción de la comunicación”.
En esto radica nuestra esperanza de que si los distintos “bandos” existentes en una sociedad logran encontrar intereses comunes, retos comunes, e incluso amenazas, vulnerabilidades y riesgos comunes (por no decir elementos de identidad a partir de reconocer que forman parte de un mismo proceso histórico y que comparten unos elementos culturales y un territorio), entre esos grupos se puedan establecer puentes que les permitan remar en una misma dirección con miras a construir el futuro.[12]
Como dijimos atrás, la violencia no solamente es una amenaza, sino que en sí misma es una vulnerabilidad, un riesgo y un desastre, y rebasaríamos las intenciones de este documento si nos dedicáramos a explorar las múltiples amenazas que tienen su origen en la guerra entre actores armados y en la violencia que estos ejercen sobre la población civil.
Sin embargo no queremos dejar de llamar la atención sobre los enormes retos que surgen para la gestión del riesgo a partir de los desplazamientos y de las condiciones especiales de vulnerabilidad en que se encuentran las poblaciones desplazadas.
Así mismo, como la experiencia nos lo ha demostrado, las vulnerabilidades de unos actores y de unos sectores sociales se convierten muy fácilmente en amenazas contra otros sectores sociales, al igual que los ecosistemas vulnerables constituyen la principal fuente de amenazas contra las comunidades que interactúan con ellos.
Difícil encontrar una vulnerabilidad mayor que la de una comunidad que pierde su seguridad territorial y es expulsada de los escenarios a los cuales se encuentra adaptada, y se ve obligada a asentarse (siempre en condiciones de precariedad e interinidad) en un nuevo territorio cuyos “códigos” desconocen y en donde difícilmente son bienvenidos.
En los múltiples aprendizajes que la gestión del riesgo ha adquirido a través de los años existen herramientas que pueden resultarles útiles a quienes tienen a su cargo el manejo de los efectos de los desplazamientos. Y así mismo, en los procedimientos que se han venido desarrollando para manejar estas crisis, existen múltiples herramientas que pueden ser aprovechadas por la gestión del riesgo.
El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres debe establecer canales de comunicación permanentes con sistemas como el de “alertas tempranas” para desplazamientos y el de atención a desplazados que manejan programas e instituciones como la Red de Solidaridad y la Defensoría del Pueblo, de manera que sin invadirse mutuamente los campos de acción y sin que ninguno de ellos asuma responsabilidades que les corresponden a los otros, se identifiquen y desarrollen estrategias comunes y sobre todo coherentes, que le permitan a la sociedad colombiana avanzar de manera más integral hacia el desarrollo sostenible.
GUSTAVO WILCHES-CHAUX
Bogotá, Enero 2008
Invitación a pasar por estos blogs:
Derechos de personas y comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres
La salud emocional, afectiva y cultural en los desastres
La comunicación un compromiso político
Notas de pie de página
[1] En este texto vamos a hablar de gestión del riesgo, en sentido amplio, como sinónimo de gestión ambiental para el desarrollo sostenible, y en sentido restringido, como las actividades tendientes a evitar que se produzca un desastre, a reducir sus efectos, a responder adecuadamente a una emergencia y a facilitar la recuperación de las comunidades afectadas.
[3] Londoño, Beatriz y Rojas R. Manuel, "
[4] De allí que consideremos que la gestión
del riesgo en las condiciones descritas constituye una acción humanitaria y
como tal debe ser respetada por los actores armados.
[12] En esta misma convicción se basa la esperanza de
que la planeación participativa con visión prospectiva, se reconozca y adopte
como herramienta para la construcción de una paz sostenible.
posted by GUSTAVO WILCHES-CHAUX at 4:00 p.m.
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