LA SEGUNDA COMUNICACIÓN...

Tal y como se había anunciado, a finales de Junio el IDEAM le presentó al país la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, un extenso y juicioso estudio en el cual -entre otros temas de su muy vasto contenido- afina los escenarios de lo que muy probablemente serán los efectos de ese fenómeno global sobre los territorios colombianos.

El mismo IDEAM resume así esos efectos:

Sierra Nevada de Santa Marta

- Entre 2030 y 2040, desaparecerán los glaciares en Colombia.

- Se evidencia un ascenso del nivel del mar en el Caribe de aproximadamente 3.5 mm por año. Los valores son similares para la Costa Pacífica.

- Hacia el futuro, en promedio, la temperatura media aumentaría un 1.4 grados centígrados para el periodo 2011 - 2040, 2.4 grados centígrados para el lapso comprendido entre 2041 - 2070 y de 3.2 grados centígrados para el periodo comprendido entre los años 2071 -2100. Los aumentos más significativos se ubicarían en los departamentos de Norte de Santander, Risaralda, Huila, Sucre y Tolima.

Amplíe los mapas haciendo click sobre los mismos

- Un 20% del territorio nacional, principalmente la zona Andina y el Caribe, experimentarían reducción de precipitaciones (lluvias) entre el 10% y el 30%.

- Los aumentos de lluvia para el siglo 21, proyectados por los escenarios de cambio climático, se ubicarían especialmente en gran parte de los departamentos de Santander, Vaupés, Chocó, Guainía, Amazonas, San Andrés y Vichada.

Estos mapas ilustran los efectos sobre el llamado "confort" frente al clima, o sea la "sensación térmica" que experimentamos los humanos frente a los cambios de temperatura del ambiente

- Los cambios más significativos se esperarían en la región Caribe que cambiaría de un clima semihúmedo (condiciones actuales) a semiárido y luego estaría clasificado como árido para finales del siglo 21.

- En la región Andina, los cambios más notorios se prevén por una transición de clima semihúmedo a clima semiárido, lo cual se presentaría en diferentes áreas de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y oriente del Valle del Cauca, especialmente.

- Se tendrían reducciones cercanas al 30% en las cuencas de La Guajira, Bajo Magdalena, parte del Litoral Caribe, Alto Magdalena, Napo, Saldaña, Cesar y Patía, que abarcan los departamentos de La Guajira y parte del Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Huila, Tolima y Cundinamarca.

IMPACTOS SOBRE EL TERRITORIO COLOMBIANO

De acuerdo con ese mismo documento, los principales impactos de los cambios descritos serán los siguientes:

* El porcentaje de impacto alto y muy alto para las aéreas donde se cultiva café de las variedades Caturra es 75%, Típica (63%) y Colombia (71%). El total estaría cercano al 71% del área censada (869.000 ha, aprox.) por la Federación de Cafeteros de Colombia.

* Los cultivos anuales o transitorios, ubicados en diferentes partes de los departamentos de Antioquia, Tolima, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca y Santander, podrían resultar con muy alto impacto potencial para el periodo 2011 a 2040.

* En el periodo 2011 a 2040, el país podría verse comprometido con impactos potenciales alto y muy alto, en más del 50% de la superficie dedicada a las pasturas.

* Las mayores áreas de minifundios campesinos que podrían llegar a tener muy alto impacto potencial estarían en parte de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Nariño y Santander. Al agrupar las superficies que podrían recibir alto y muy alto impacto por reducciones de la lluvia en el periodo 2011 a 2040, alcanzarían alrededor de un 47% del total de las áreas de economía campesina del país.

Bosques

* Se estima impactos potenciales alto y muy alto por reducción de la precipitación para el periodo (2011 a 2040) en los bosques de Boyacá, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena y Antioquia, junto con la vegetación secundaria, arbustales y herbazales que se ubican en los departamentos de Tolima, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, La Guajira, Antioquia, Huila y Cesar.

Cuerpos de agua

* Los cuerpos de agua continentales tendrían muy alto impacto potencial en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar, Santander, Tolima y Amazonas principalmente. Alrededor de un 63% de la superficie nacional donde se encuentran los cuerpos de agua alcanzaría impactos potenciales alto y muy alto para el periodo 2011 a 2040.

* Si se tiene en cuenta la limitada capacidad de adaptación de los humedales, se considera que estos cuerpos de agua se encuentran entre los ecosistemas más vulnerables al cambio climático.

* Se presenta una vulnerabilidad muy alta alrededor del 45% en las área de manglar, herbáceas, arbustivas y lagunas costeras, para el periodo 2011 a 2040, en los departamentos de Magdalena, Nariño y La Guajira; y muy alta en Chocó y Antioquia.

Ecosistemas secos

* En el período 2011 a 2100 se podría generar un aumento cercano al 16% en las zonas más secas respecto a las existentes en el clima actual.

* Hacia finales de siglo (2071 a 2100) los departamentos de Magdalena y Cesar pasarían de tener climas semiráridos y semihúmedos (principalmente) a tener condiciones áridas y semiáridas, respectivamente.

* Para el periodo 2011 a 2040, se espera un cambio en la clasificación climática en los departamentos de Bolívar, Tolima, Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca, principalmente pues se cambiaría de climas húmedos y superhúmedos principalmente, a climas semihúmedos, semiáridos y áridos.

Zonas costeras e insulares

* De presentarse para el año 2100 un ascenso del nivel del mar en un metro, la población que se vería afectada estaría por el orden de 1,4 a 1,7 millones de habitantes, equivalentes entre 2 y 3% de la población nacional en ese mismo año; de estos porcentajes, 80% corresponde al Caribe y 20% al Pacífico.

Boca Grande (Cartagena)

* Aproximadamente 55% de la población del litoral Caribe estará expuesta a los efectos directos de la inundación marina. De la población afectada, aproximadamente 90% se encuentra localizada en las cabeceras municipales, en tanto que la restante se distribuye en forma dispersa en las áreas rurales.

Ciénaga de La Virgen (Cartagena)

* En el litoral Pacífico, alrededor de 41% de la población sería afectada por la inundación marina debida al ascenso del nivel del mar. De dicha población afectada, aproximadamente 36% se encuentra localizada en cabeceras municipales, en tanto que la población restante se distribuye en forma dispersa en el sector rural. Las cabeceras municipales de Tumaco, El Charco, Nuquí, Juradó, Santa Bárbara y Olaya Herrera son las que más población urbana concentran en las zonas con alguna posibilidad de inundación.

Tumaco

* Con el ascenso del nivel del mar en un metro se podría causar una inundación estimada, mayor del 10% de la isla de San Andrés, representado en áreas de marismas, cordones litorales, rellenos artificiales y algunas terrazas coralinas bajas cubiertas por mangle. En estas áreas se verían afectadas zonas urbanas de uso residencial y comercial, así como el puerto de la isla. En las islas de Providencia y Santa Catalina, el área expuesta a la inundación representa 3,8% del área de las islas, donde se incluyen sectores actualmente ocupados por zonas residenciales, comerciales y públicas, entre las cuales se encuentra el puerto de Providencia.

Áreas con infraestructura para generación hidroeléctrica por reducción de precipitación en sitios de generación

* Para el período 2011- 2040 se podría llegar a tener alrededor del 37% de la infraestructura de generación hidroeléctrica efectiva neta localizada en áreas de alto impacto, y en muy alto impacto alcanzaría un 6%. Tales impactos se localizarían principalmente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila y Nariño.

Y la primera y muy absurda incomunicación...

Ante un panorama como el descrito, uno pensaría que la prioridad del país, con miras a garantizar las condiciones de habitabilidad para las generaciones presentes y para las generaciones futuras, se deberían centrar en lo que la misma Comunicación describe como "una organización de los asentamientos y actividades humanas que responda a los objetivos de sostenibilidad ambiental y calidad de vida."

Esto además, no puede depender de que los gobernantes de turno sean chéveres o de que les guste la ecología, sino que el artículo 2° de la Constitución Nacional consagra de manera expresa que es deber del Estado de proteger a los habitantes del país. Y como es bien sabido, el artículo 79 de la misma Constitución afirma que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y que “es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente”, derecho que, a la luz de los efectos del cambio climático, se convierte cada vez en más importante para preservar el derecho a la vida.

No se entiende, entonces, cómo es posible que en los mismos días en que el IDEAM presentaba la Segunda Comunicación sobre Cambio Climático y formulaba una serie de recomendaciones basadas en el fortalecimiento de los ecosistemas y de su capacidad para prestar los servicios ambientales de los cuales depende hoy -y va a depender cada vez más- la posibilidad de las comunidades urbanas y rurales para seguir habitando los territorios colombianos, el Estado estuviera subastando en Cartagena 48 millones de hectáreas (más exactamente 47'665.054) del territorio colombiano, para dedicarlas a la extracción de petroleo y a la minería. (Ver la entrada anterior de este mismo blog: "La cartografía de la locura")

Mina de carbón de Cerrejón en La Guajira

Yo no voy a satanizar la minería. En un artículo escrito a mediados del año pasado sobre las relaciones entre esa actividad económica y las comunidades de los territorios en donde se lleva a cabo, me preguntaba lo siguiente:

¿Será una especie de sino inevitable que el hecho de que bajo el suelo de una comunidad exista oro, carbón, petróleo o algún otro recurso importante, se convierta en una maldición para esa comunidad? La pregunta es aplicable también a los casos en que una comunidad se encuentra en un lugar del territorio que resulta favorable para la construcción de un embalse, o para el paso de un oleoducto, de una línea de transmisión eléctrica o de una carretera. Y puede extenderse también, en un futuro no muy lejano, a las comunidades que forman parte de territorios ricos en biodiversidad o en recursos hídricos.

Hasta ahora, con algunas excepciones, parecería que así fuera.

Sin embargo no se trata de una maldición inevitable, sino de la manera como se relacionan las empresas que explotan el recurso (particularmente las multinacionales pero no exclusivamente estas), con las comunidades locales y con las autoridades nacionales, regionales y locales. (Hasta aquí la cita).

Personalmente conozco experiencias de algunas empresas mineras que, en desarrollo de una verdadera "Responsabilidad Social Corporativa", logran reducir (y a veces hasta compensar adecuadamente) el impacto negativo de la minería sobre los ecosistemas y las comunidades locales. Pero también conozco experiencias nefastas, tanto en Colombia como en otros países de América Latina.

Ciudad minera de La Oroya (Perú), considerada la más contaminada del mundo.

Y estas últimas, desafortunadamente, constituyen la gran mayoría.

Otra localidad minera en el Perú, en donde los niños y niñas en edad escolar materialmente viven entre los desechos

Pero es que, además, estamos hablando de 48 millones de hectáreas, que como el mismo Ministro de Minas y Energía lo declaró orgullosamente durante la subasta en Cartagena, equivalen a la cuarta parte del territorio colombiano.

En esas condiciones, aunque todas las empresas petroleras y mineras acogieran y cumplieran realmente los códigos internacionales sobre responsabilidad social corporativa (lo cual, por supuesto, no es ni será nunca el caso), la magnitud del hueco que pretenden abrir en Colombia es exageradamente grande. 48 millones de hectáreas equivalen nada menos que a 1.231 veces el área construida de la ciudad de Bogotá.

Un pedacito de Bogotá DC

Ante la amenaza de que la minería se trague un área equivalente a 1.231 veces el tamaño de esta enorme mancha urbana, cualquier discurso sobre mitigación y adaptación al cambio climático resulta totalmente mentiroso. ¡Es pura paja! (En cualquiera de las acepciones que el diccionario le atribuye a esa vegetal palabra)

Y otro pedacito de Bogotá DC

En aras del derecho a la vida -y de todos los derechos que de él se derivan, incluido el derecho a la protección que debe brindarnos el Estado a las personas y a los ecosistemas- las personas que habitamos este país debemos estar plenamente informadas sobre los alcances que en la práctica va a tener esa "política de desarrollo" sobre nuestras vidas cotidianas y sobre los derechos de las generaciones venideras.

Desde la sociedad civil debemos apropiarnos de unos principios mínimos que en este y en todos los campos, deben orientar el desarrollo. En el Programa Conjunto de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático, que lideran el PNUD y el IDEAM, los llamamos "inamovibles", y así se le propusieron al Departamento Nacional de Planeación, que en los próximos días debe dar a conocer el llamado Documento CONPES sobre Cambio Climático (documento que espero con gran expectativa para conocer qué dice sobre la minería).

En días pasados (en desarrollo de una misión del Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional) también le propusimos a la Región Caribe esos "inamovibles", con el mismo objetivo: buscar que el desarrollo verdaderamente se convierta en un medio para la protección del derecho a la vida con calidad y dignidad, y no en su principal amenaza.

El futuro ministro de Hacienda ha declarado que las ganancias que generará la minería se dedicarán al "desarrollo sostenible", lo cual pude resultar equivalente a que vendamos los riñones y con lo que nos paguen nos comparamos un aparato para diálisis. ¡¡¡¿Cuál desarrollo sostenible si una cuarta parte del país -incluidas sus áreas marinas y submarinas- se dedican a la extracción de petroleo y a la minería?!!!

Del mapa y de la gráfica de abajo, tomadas de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (y basadas en cifras oficiales del DANE), se deduce fácilmente que entre los departamentos más pobres de Colombia (y entre las comunidades con una mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas, como son las de Chocó, Guajira, Cesar y Boyacá), están precisamente aquellos en donde la minería ha sido históricamente una de las principales actividades económicas. (No estoy totalmente de acuerdo con el mapa, pues hay regiones muy ricas ecológica y culturalmente, en donde las medidas convencionales de pobreza económica no son totalmente aplicables como indicadores de buena o mala calidad de vida. Pero esas no son las regiones y comunidades que nos ocupan en este artículo.)

La conclusión inevitable es que, en la práctica y salvo algunas contadas excepciones, la minería no es una actividad que enriquece a las comunidades locales, sino que las empobrece. Y esto no sólo económica, sino también ecológica y culturalmente.

Entre esos "inamovibles" propuestos, están los siguientes:

* Ningún proyecto puede afectar ni la integridad ni la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos, lo cual, además, lo dice ya la Constitución Nacional colombiana (estratégicas no son sólo las áreas protegidas, sino todos aquellos ecosistemas que conforman la 'Estructura Ecológica Principal" de un municipio o departamento);

* Todo proyecto debe contribuir a generar condiciones que permitan el verdadero cumplimiento de los derechos humanos, en particular de los derechos de la infancia y la adolescencia (derechos que en otro documento propusimos como "indicadores" de avance hacia el desarrollo sostenible);

* Todo proyecto debe evaluarse (desde antes de concederle la respectiva licencia), en función de su contribución a fortalecer la seguridad integral de los territorios: su resistencia y su resiliencia, en este caso frente a las amenazas provenientes del cambio climático, de la variabilidad climática y de otras no necesariamente relacionadas con el clima (como por ejemplo la aparición de grupos armados ilegales, a veces ligados al surgimiento de grandes proyectos económicos).

* Si bien la Constitución solamente consagra de manera expresa el derecho de las comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes, a la llamada "consulta previa", en el espíritu general de la Constitución y en varios de sus artículos específicos, está implícito el derecho de todas las comunidades urbanas y rurales, a ser plenamente informadas y a participar de manera efectiva en las decisiones que pueden alterar de manera importante las características de sus territorios.

Me detengo aquí, porque esta entrada ya está demasiado larga; pero aquí va a haber tema para rato.

¿Le habrá contado el ex-ministro de Ambiente Juan Lozano a Al Gore, "la verdad incómoda" de que Colombia planea convertir una cuarta parte de su territorio en un gran hueco minero?

El contenido de este blog no compromete necesariamente ni al IDEAM, ni al Programa Conjunto de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático (ni a las organizaciones que participan en él), ni al Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional... a menos que alguna de esas organizaciones opine lo contrario.