'MAMOGRAFÍA' PARA UN GOBIERNO FLAMANTE

Impecable el discurso de posesión del Presidente Santos, quien definitivamente nos trae de sorpresa en sorpresa. Impecable sobre todo su enfoque del tema ambiental, inspirado, según lo manifestó expresamente, en la influencia espiritual que sobre él ejercen los “mamas” de la Sierra Nevada de Santa Marta. (Yo siempre había oído decir "mamos". Seguramente estamos ante una innovación del lenguaje de género).

Dijo el Presidente:

“En un acto simbólico, con profundos significados trascendentes, los ‘mamas’ me entregaron un bastón de mando y un collar con cuatro piedras.

Una representa la tierra que debemos cuidar.

Otra representa el agua que es la fuente de la vida.

Otra representa la naturaleza con la que debemos estar en armonía.

La cuarta representa el gobierno, que debe respetar el orden de la naturaleza y la voluntad del Creador.

Tierra, agua, naturaleza y buen gobierno –esos símbolos preciados– harán parte integral de la administración que hoy comenzamos.”

Sin embargo, como las palabras no bastan, como tampoco bastan los símbolos externos (no hay yuppie que se respete que no tenga las muñecas repletas de manillas, pulseras y “aseguranzas”), me parece importante proponer una “mamografía” de tres pruebas, que nos permita saber a los colombianos qué tanto influirá verdaderamente el pensamiento de los “mamas” en el “Buen Gobierno”. Ese puede ser un buen comienzo, que nos permita convertir en esperanza y convicción esas sorpresas.

La primera prueba, es que el doctor Santos ordene suspender de manera inmediata esa satanización infame (y en mi concepto inconstitucional) que, en desarrollo de las obsesiones viscerales del hoy expresidente Alvaro Uribe, realiza el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) contra la hoja de coca y contra todos los productos lícitos derivados de ella.

Lo último que conozco de esa institución a ese respecto, es una nueva circular (Febrero 23 de 2010) en la cual “hace un llamado de prevención a los ciudadanos para que se abstengan de consumir y comercializar productos como té, aromáticas, galletas o cualquier alimento que contenga entre sus ingredientes hoja de coca”.

En una época, la mata de coca era obligada en muchos jardines, patios y huertas colombianas y formaba parte de la “farmacia natural” de miles de familias urbanas y rurales. No fuimos los colombianos quienes inventamos el uso perverso de sus propiedades.

De acuerdo con las noticias de la fecha, “la agencia sanitaria explicó (que) el cultivo y uso de plantas como la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas, de acuerdo con los usos y prácticas derivadas de su tradición y cultura, están restringidos a sus resguardos y no se ha autorizado la producción ni el consumo de estos productos para el resto del territorio nacional. El INVIMA solicitó a las Secretarías de Salud de todo el país intensificar las acciones de vigilancia y control en almacenes de cadena, hipermercados, tiendas naturistas y demás establecimientos de la cadena de distribución y comercialización de productos alimenticios, para retirar del mercado este tipo de productos.”

Esa práctica reiterada del INVIMA de derogar la Constitución mediante “circular”, afecta los derechos económicos y culturales de las comunidades indígenas (incluyendo las de la Sierra Nevada de Santa Marta), las reduce a guetos, y nos priva al resto de habitantes de este país de la posibilidad de consumir, como se hace libremente en Ecuador, Perú y Bolivia, la amplia gama de productos lícitos, deliciosos y benéficos derivados de esa planta sagrada que el anterior Gobierno se encargó de satanizar como “la mata que mata”. ¿Por qué, con esa misma lógica, no se prohibió el uso de semillas de amapola en las pastelerías?

La segunda prueba de coherencia del ejercicio gubernamental con el discurso, sería el compromiso del Gobierno de adelantar los trámites necesarios para que lo más rápido posible, se incorpore a la Constitución y a la legislación colombiana la Resolución proferida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 28 de Julio a instancias de Bolivia, mediante la cual se declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Esto garantizaría, al menos en el ámbito legal, que el agua sea reconocida como un derecho fundamental y no como una mercancía.

En su discurso el Presidente Santos anunció la creación de la Agencia Nacional del Agua, la cual, esperamos, tendrá funciones diferentes a las de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuyo papel en la práctica ha sido sacar a subasta al mejor postor el territorio colombiano, como lo demuestran las convocatorias y los mapas que se dieron a conocer con motivo de la llamada “Ronda Colombia 2010”, llevada a cabo en Cartagena entre el 21 y el 25 de Junio pasado.

Durante dicha “Ronda Colombia” el entonces Ministro de Minas anunció orgullosamente que iban “a licitar casi un 25 por ciento del territorio colombiano terrestre y marítimo."

Mapa oficial elaborado por la ANH para la Ronda Colombia

Ver CARTOGRAFÍA DE LA LOCURA

Afirma una de las no muchas noticias que circularon en ese momento sobre el tema, que “La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) está interesada en atraer a las grandes petroleras chinas, que ya están en países como Ecuador o Venezuela. En Colombia, de momento, las firmas chinas sólo están asociadas a empresas operadoras ‘mientras adquieren familiaridad’ con la zona, ya que ahora ‘están comenzando a conocer el ambiente’, señaló el director la ANH, Armando Zamora.”

También informa la noticia, que el Ministro de Minas y Energía Hernán Martínez “explicó que esos proyectos ya se han ofertado en Europa, Sudamérica, Canadá y Estados Unidos.”

La ‘mamografía’ que sugiero de manera respetuosa pero contundente, nos otorgaría la tranquilidad de que el objetivo de la Agencia Nacional del Agua será garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a ese elemento sin el cual es imposible la vida, y no sacar a subasta internacional ese recurso y los territorios y ecosistemas estratégicos de los cuales depende su existencia.

La tercera prueba que propongo implicaría un reversazo a las declaraciones que el Presidente Santos realizó la víspera de su posesión, el 6 de Agosto, en el sentido de que “en mi gobierno no va a haber espejo retrovisor”.

Esto no solamente porque, si no tuviera en sus manos el timón del país, sino el de una buseta o el de cualquier otro vehículo de servicio particular o público, Santos se haría acreedor a una multa de 15 salarios mínimos vigentes por “transitar sin los elementos determinados en el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.

Pero sobre todo, porque esa promesa de “gobernar en una urna de cristal” que hizo en su discurso, como una garantía de eficacia, transparencia y rendición de cuentas, por simples necesidades prácticas debe cumplirse con efectos retroactivos.

El país tiene derecho a conocer en detalle, por ejemplo, qué compromisos adquirió el Gobierno anterior con respecto a las concesiones mineras o qué implicaciones tiene la claramente oscura adjudicación que se hizo de la llamada “Transversal de las Américas”, en la cual uno de los temas que quedaron pendientes es el de las licencias ambientales.

El Gobierno entrante necesariamente deberá usar el espejo retrovisor y contarle al país qué ‘boletas de empeño’ encontró al llegar a la Casa de Nariño y qué porciones del territorio nacional y qué intereses quedaron empeñados en las prenderías internacionales.

Porque todo eso tendrá implicaciones directas sobre el propósito expresado por Santos, de que “tierra, agua, naturaleza y buen gobierno –esos símbolos preciados– harán parte integral de la administración que hoy comenzamos.”

Si la gestión ambiental del Gobierno de Santos no pasa por lo menos esas tres pruebas, sus invocaciones a los “mamas” no tendrían más valor práctico que la comercialización de las mochilas de los arhuacos que realiza Salvarte.

Este artículo se publicó originalmente en el periódico 'DESDE ABAJO'